Mercasevilla/Escuela Hostelería - PSOE

El caso Mercasevilla/Escuela de Hostelería es la pieza del macrocaso Mercasevilla que documenta el soborno que sirvió como detonante de toda la investigación y que acabó destapando el mayor escándalo de corrupción política de la democracia española: los ERE andaluces. En 2007, el director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, acordó verbalmente con el Grupo La Raza —empresa hostelera sevillana— que la Fundación Socio-Asistencial de Mercasevilla solicitaría a la Junta de Andalucía una subvención de 900.000 euros para crear una escuela de hostelería permanente en las instalaciones del mercado mayorista sevillano. La escuela sería gestionada por La Raza a cambio de su participación en el proyecto.

El 27 de enero de 2009, dos empresarios del Grupo La Raza grabaron en secreto a Fernando Mellet y a su subdirector Daniel Ponce exigiéndoles la mitad de la subvención —450.000 euros en metálico— como condición para adjudicarles la gestión de la escuela y garantizarles una subvención posterior para cursos de formación. La grabación, realizada de buena fe y sin intervención policial, fue presentada como prueba ante la justicia. La jueza del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abrió diligencias en abril de 2009 y la grabación fue declarada prueba lícita por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2012.

En junio de 2013, un jurado popular de la Audiencia Provincial de Sevilla declaró culpables por unanimidad a Mellet y Ponce, y por mayoría (8 votos contra 1) al ex delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, por el delito de cohecho. Las penas confirmadas por el Tribunal Supremo para Mellet y Ponce fueron multas de 600.000 euros y suspensión de empleo público por 21 meses. La condena a Antonio Rivas fue anulada por el Tribunal Supremo en 2020 al considerar que la principal prueba en su contra —una declaración policial de Mellet— carecía de validez procesal. Esta primera pieza del caso Mercasevilla fue también el punto de partida que llevó a la jueza Alaya a descubrir los ERE andaluces fraudulentos.