Caso Mercasevilla / Caso Guardería - PSOE

El Caso Mercasevilla, también conocido como Caso Guardería, es uno de los casos fundacionales que destapó la trama de corrupción de los ERE fraudulentos en Andalucía. La investigación se inició en enero de 2009 cuando dos empresarios del Grupo La Raza grabaron a Fernando Mellet, director general de Mercasevilla, y a su subdirector Daniel Ponce exigiendo un soborno de 450.000 euros a cambio de adjudicarles la gestión de una escuela de hostelería subvencionada con 900.000 euros por la Junta de Andalucía. Esta grabación desencadenó una investigación judicial que reveló múltiples irregularidades: prejubilaciones fraudulentas de personas que nunca trabajaron en Mercasevilla, becas arbitrarias concedidas sin convocatoria pública, contratos simulados y pagos injustificados a asociaciones.

Durante la instrucción del caso, la jueza Mercedes Alaya descubrió una red de prejubilados falsos en los ERE de Mercasevilla, entre ellos Antonio Garrido Santoyo, militante del PSOE en Baeza que nunca trabajó en la empresa pero cobró más de 112.000 euros. La trama operaba con la complicidad de sindicalistas de UGT como Juan Lanzas, quien actuaba como intermediario para incluir a personas afines al PSOE en expedientes de regulación de empleo fraudulentos. La investigación también reveló el pago de 24.000 euros en becas a Carmen Vela, hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, para estudiar diseño en Londres sin cumplir requisitos ni pasar por convocatoria pública. Además, se detectaron premios de jubilación excesivos superiores a 250.000 euros para nueve trabajadores en plena crisis financiera de Mercasevilla.

El caso tuvo dos líneas judiciales diferenciadas: una por el cohecho en la adjudicación de la escuela de hostelería, que resultó en condenas para Mellet y Ponce; y otra por malversación en las prejubilaciones y becas, que resultó en la condena de Mellet a dos años de prisión en 2019, ratificada por el Tribunal Supremo en 2021. Trece acusados fueron absueltos por falta de pruebas. El caso tuvo un impacto político significativo, pues fue el origen de la investigación del macrocaso de los ERE andaluces que involucró a altos cargos del PSOE en la Junta de Andalucía y se estima defraudó al menos 679 millones de euros. El Consejo General del Poder Judicial criticó posteriormente el "anormal funcionamiento de la Justicia" durante la instrucción, señalando un exceso de tiempo injustificado.