Mercasevilla - PSOE

El caso Mercasevilla es el escándalo de corrupción que sirvió de detonante para descubrir el mayor fraude político de la historia democrática española: el macrocaso de los ERE andaluces. Todo comenzó en enero de 2009 cuando dos empresarios del Grupo La Raza grabaron al director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y a su subdirector Daniel Ponce exigiéndoles 450.000 euros en metálico a cambio de adjudicarles la gestión de una escuela de hostelería subvencionada con 900.000 euros por la Junta de Andalucía. La grabación llegó a manos de la jueza Mercedes Alaya, quien abrió diligencias en abril de 2009 e inició una investigación que fue ramificándose hasta revelar una estructura sistémica de corrupción en la administración andaluza controlada por el PSOE.

La investigación de Mercasevilla destapó múltiples capas de corrupción en la empresa pública: prejubilaciones fraudulentas de militantes del PSOE que nunca habían trabajado en la empresa, becas concedidas de manera arbitraria sin convocatoria pública a personas vinculadas a dirigentes socialistas, contratos simulados y pagos injustificados a asociaciones afines. El descubrimiento de que Antonio Garrido Santoyo, militante del PSOE en Baeza, había cobrado más de 112.000 euros en un ERE de Mercasevilla sin haber pisado jamás la empresa fue el hilo que tiró de todo el ovillo. La jueza Alaya abrió nuevas diligencias (DP 174/2011) que dieron lugar a la investigación del macrocaso ERE, en el que se acreditó el desvío de al menos 679 millones de euros de dinero público de la Junta de Andalucía para beneficiar a empresas, trabajadores y sindicatos afines al PSOE.

El caso tuvo dos grandes ramas judiciales. La primera, relativa al cohecho de la escuela de hostelería, se resolvió con la condena de Mellet y Ponce a sendas multas de 600.000 euros y 21 meses de suspensión, sentencia que el Tribunal Supremo confirmó. La segunda, por malversación en las prejubilaciones y becas, concluyó en 2019 con la condena de Mellet a dos años de prisión y seis de inhabilitación, ratificada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2021. Trece acusados fueron absueltos por insuficiencia de pruebas. El impacto político del caso fue de alcance histórico: la investigación derivada de Mercasevilla acabó sentando en el banquillo a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán (condenado a seis años de prisión) y Manuel Chaves (nueve años de inhabilitación).