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Caso Marismas - PSOE

Iniciado: Junio de 2012
Sevilla, Andalucía

Descripción del caso

El caso Marismas investiga el presunto fraude de 40,1 millones de euros en fondos europeos destinados a la modernización de los sistemas de regadío de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. El proyecto, aprobado en 2004, contaba con una subvención de 40,1 millones de euros, de los cuales el 60% (24,06 millones) provenía del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Las actuaciones judiciales se centran en la presunta simulación de obras para acceder a los fondos europeos, generando una apariencia de ejecución que en realidad era falsa. Según informes periciales, se produjeron irregularidades en la adjudicación del contrato, en las certificaciones de obras y en el destino final del dinero público. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) emitió en diciembre de 2014 un informe constatando diversas irregularidades que "tenían como finalidad favorecer frente a otros competidores a las empresas que resultaron adjudicatarias".

El caso se inició en junio de 2012 cuando la propia Comunidad de Regantes denunció a la Guardia Civil la existencia de un tráfico de comisiones. Desde julio de 2013, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla instruye la causa con más de 21 imputados, entre ellos cinco ex altos cargos socialistas de la Consejería de Agricultura, miembros de la Comunidad de Regantes y empresarios de las UTE adjudicatarias. El caso sigue en fase de instrucción sin sentencia definitiva.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
40,1 millones €

Implicados

José Luis Sánchez Teruel
Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía (PSOE)
Francisco Ruiz Orta
Ex Director General de Regadíos de la Junta de Andalucía (PSOE)
Tomás Martínez Jiménez
Ex Director General de Regadíos de la Junta de Andalucía (PSOE)
Carlos Javier Rodríguez Pérez
Ex Jefe del Departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales (Junta de Andalucía)
Julián Martín Jorreto
Ex Jefe de Servicios de Promoción Rural (Junta de Andalucía)
Manuel Antonio Cruz-Guzmán
Ex Jefe de Departamentos de Infraestructuras Agrarias (Junta de Andalucía)
Juan Luque
Interventor de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía
Antonio Jesús Viciana
Ex gerente de la UTE Riegos Marismas
Juan Bautista
Ex gerente de la UTE Riegos Marismas
Joaquín María Sánchez Mancha
Director de Obras de la Comunidad de Regantes

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Documentos relevantes

Cronología

Octubre de 2004
Aprobación del proyecto de modernización
El Instituto Andaluz de Reforma Agraria aprueba mediante resolución el proyecto de modernización interesado por la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir. Se concede una subvención de 40.119.944 euros con un plazo de ejecución de obras de 42 meses. El 60% de esta cantidad (24,06 millones) proviene del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Junio de 2012
Denuncia de la Comunidad de Regantes
La Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir presenta denuncia ante la Guardia Civil denunciando la existencia de un tráfico de comisiones desde la filial de Abengoa, Befesa, a la Junta de Andalucía. Esta denuncia marca el inicio de las investigaciones del caso Marismas.
Julio de 2012
La OLAF recibe la denuncia
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibe la denuncia de los regantes sobre las irregularidades en el proyecto de modernización de las marismas del Guadalquivir. Este organismo de la Unión Europea inicia su propia investigación paralela a la judicial española.
Julio de 2013
El Juzgado nº 16 de Sevilla asume la instrucción
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, dirigido por el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, asume la instrucción del caso Marismas. La OLAF se persona en Sevilla para seguir de cerca las actuaciones judiciales y colaborar con la investigación.
Diciembre de 2014
Informe de la OLAF constata irregularidades
La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) concluye su informe sobre el caso Marismas. El documento constata diversas irregularidades en la adjudicación del contrato y afirma que estas irregularidades tenían como finalidad favorecer frente a otros competidores a las empresas que resultaron adjudicatarias. El informe es clave para el desarrollo de la investigación judicial.
Marzo de 2015
La Fiscalía solicita imputar a cinco ex altos cargos
La Fiscalía Anticorrupción solicita al juez de Instrucción número 16 de Sevilla que impute a los ex directores generales de Regadíos Francisco Ruiz Orta y Tomás Martínez Jiménez, así como a otros tres altos cargos de la Consejería de Agricultura. La Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Marzo de 2016
El juez cita como investigado al interventor de la Junta
El juez del caso Marismas cita como investigado a Juan Luque, interventor de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. Se le imputa un delito de prevaricación. Juan Luque también estaba imputado en el caso de los ERE fraudulentos, otro de los grandes escándalos de corrupción de la Junta de Andalucía.
Junio de 2016
21 personas imputadas en el caso
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla eleva a 21 el número de personas imputadas en el caso Marismas. Entre los investigados figuran miembros de la Comunidad de Regantes, dos exdirectores generales de regadíos, altos funcionarios de la Junta de Andalucía y empresarios de las UTE adjudicatarias. El juez investiga también la entrega de regalos y comisiones irregulares.
Febrero de 2022
Imputación del diputado José Luis Sánchez Teruel
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ordena tener como investigado al diputado autonómico socialista por Almería José Luis Sánchez Teruel, por su papel como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía durante los hechos investigados. El juez considera que, bien por acción u omisión, pudo incurrir en delitos de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias o negociación prohibida a funcionarios públicos. Por su condición de aforado, será el TSJA el competente para investigarlo.