Caso Marismas - PSOE

El caso Marismas investiga el presunto fraude de 40,1 millones de euros en fondos públicos —de los cuales el 60% (24,06 millones) provenían del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)— destinados a la modernización de los sistemas de regadío de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. El proyecto, aprobado mediante resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria el 13 de octubre de 2004, cubría cerca de 13.000 hectáreas en los municipios de Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca. El contrato se adjudicó a una UTE formada por Befesa —filial de Abengoa— y Construcciones ALPI, cuyo contrato fue rescindido en 2009 tras acumular continuos retrasos y presentar facturas por sobrecoste pese a haberse pactado un precio cerrado.

Las actuaciones judiciales se centran en la presunta simulación de obras para acceder a los fondos europeos, generando una apariencia de ejecución que en realidad era falsa. Un informe pericial encargado por la propia Comunidad de Regantes a la ingeniería Ayesa cifró el nivel de ejecución real en el 60%, detectando una diferencia de casi 3 millones de euros entre lo facturado y lo realmente ejecutado. La Guardia Civil concluyó que altos cargos de la Junta de Andalucía presionaron a la comunidad de regantes para que adjudicara las obras a Befesa pese a no ser la oferta más ventajosa, y que se produjeron irregularidades en la adjudicación, en las certificaciones de obras y en el destino final del dinero público. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) emitió en diciembre de 2014 un informe que constataba que dichas irregularidades "tenían como finalidad favorecer frente a otros competidores a las empresas que resultaron adjudicatarias".

El caso se inició en junio de 2012 cuando la propia Comunidad de Regantes denunció a la Guardia Civil la existencia de un tráfico de comisiones entre Befesa y funcionarios de la Junta de Andalucía. Desde julio de 2013, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, bajo el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, instruye la causa con más de 21 imputados, entre ellos cinco ex altos cargos socialistas de la Consejería de Agricultura, miembros de la Comunidad de Regantes y empresarios de las UTEs adjudicatarias. En febrero de 2022, el juez citó como nuevo investigado al diputado autonómico del PSOE por Almería José Luis Sánchez Teruel, lo que trasladó la competencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por su condición de aforado. El caso permanece en fase de instrucción sin sentencia definitiva.