Caso Limusa - PSOE
Descripción del caso
El Caso Limusa destapó una trama de corrupción en el seno de la empresa municipal de limpieza de Lorca, Lorca Infraestructuras y Mantenimiento Urbano S.A. (LIMUSA), durante los años de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento. El procedimiento judicial se inició en 2007 cuando Jacinto Parra, un antiguo empleado de la empresa al que habían represaliado, se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca y comenzó a relatar un cúmulo de presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la sociedad pública.
Las investigaciones revelaron que el gerente de Limusa, Francisco Gil Eguino, utilizó fondos públicos para sufragar gastos personales de carácter privado, incluyendo visitas a clubs de alterne de alto standing como el club "La Casita" de Sevilla, pagadas con dinero de los vecinos de Lorca. Se acreditó el desvío de más de 500.000 euros del erario público para gastos personales del gerente y su entorno. El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Lorca, Javier Quintana, fijó una fianza de responsabilidad civil record de 48,5 millones de euros en previsión de las indemnizaciones que pudieran derivarse del procedimiento.
En mayo de 2009 fue detenido el ex alcalde socialista de Lorca Miguel Navarro, quien había gobernado el municipio durante 13 años (1993-2006), así como el ex concejal delegado de Limusa Jesús Molina. Inicialmente imputados por malversación y prevaricación, los cargos contra Navarro fueron finalmente retirados en 2011 al considerar que no tenía responsabilidad directa. El propio Navarro se dio de baja en el PSOE en julio de 2009 tras su detención.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia condenó en septiembre de 2013 a Francisco Gil Eguino a siete años y seis meses de prisión, más diecisiete años y seis meses de inhabilitación absoluta y una multa, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y prevaricación. La Audiencia Provincial de Murcia ratificó la condena en julio de 2014. Un magistrado instructor del TSJ de Murcia decretó el sobreseimiento de las diligencias contra 14 imputados, manteniéndose abiertas otras 7 causas.
Resumen
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