Caso Láminas de Goya

Compra municipal y absolución

La colección era una edición facsímil de 80 estampas de Los Desastres de la Guerra, no una adquisición de originales de Goya. La información de febrero de 2017 sitúa la factura de compra en el 31 de agosto de 2009. Las manifestaciones de Cristóbal Fernández sobre su depósito en el archivo eran entonces su versión, no una noticia de recuperación de la colección. La Voz de Almería, 22 de febrero de 2017.

Evolución del procedimiento

Europa Press informó en mayo de 2019 de la apertura de juicio oral contra Josefa Cruz y del sobreseimiento respecto del exalcalde Cristóbal Fernández. El escrito de acusación pedía un año de prisión, ocho de inhabilitación y multa; estas solicitudes no fueron condenas. No se ha obtenido el auto de sobreseimiento para determinar su modalidad o firmeza. Europa Press, 18 de mayo de 2019.

El señalamiento de julio de 2021 fue suspendido, según la información de septiembre de 2022. IDEAL relató la celebración de la vista el 20 de septiembre de 2022 y que quedó vista para sentencia. Por tanto, no se mantienen como dos juicios celebrados las fechas de julio de 2021 y septiembre de 2022. Europa Press, septiembre de 2022; crónica de la vista.

La Voz de Almería, que declaró haber accedido al fallo, fecha la absolución el 17 de octubre de 2022; publicó la noticia el día 20. No se confunde fecha de sentencia con publicación. La Voz de Almería.

La información de Europa Press reproducida por Teleprensa explica que el juzgado consideró la adquisición un contrato menor tramitado conforme a las reglas aplicables y dentro de las competencias de la concejala. Sobre la desaparición, no consideró acreditada una apropiación ni una pérdida atribuible a ella; tuvo en cuenta documentación sobre el depósito en el archivo y su falta de obligación de custodia. Las imputaciones iniciales sobre arbitrariedad o ausencia de expediente no se presentan como hechos probados tras la absolución. Teleprensa/Europa Press, 20 de octubre de 2022.

Importes y límites

Los 3.250 euros son el precio de adquisición, no un daño penalmente atribuido a la acusada. La valoración próxima a 8.000 euros comunicada por el Ayuntamiento y la fianza de 5.933 euros reseñada en 2019 tampoco son una indemnización impuesta. No se suman esas cantidades. Información económica y procesal de 2019.

Salvador Hernández pertenecía a Gicar en la etapa de la denuncia; el gobierno municipal era de Gicar y PP, lo que no lo convierte en edil del PP. La magistrada no se incluye entre los implicados. Tampoco se trasladan a esta ficha otros procedimientos electorales o de contratación de Carboneras.

Corte de revisión: 17 de octubre de 2026. La sentencia y el auto originales no han sido recuperados; no se conoce aquí su número, modalidad de sobreseimiento, recursos o firmeza. Las noticias de 2022 describían los facsímiles como no localizados, pero no se ha verificado documentalmente su paradero posterior. Por estas lagunas la ficha permanece incompleta y sin documentos judiciales adjuntos.