J. Pérez/Oria
PSOEDos procedimientos municipales: inhabilitación por prevaricación confirmada en 2018 y condena de conformidad por el bar de la piscina conocida en 2021.
- Estado judicial
- Condenado
- Coste registrado
- 9500 €
- Implicados
- 1
- Firmeza
- Sin determinar
Descripción del caso
La ficha reúne dos procedimientos contra José Pérez Pérez, exalcalde socialista de Oria (Almería). En el relativo a contrataciones municipales de 2007 a 2011, la Audiencia Provincial de Almería lo condenó el 22 de febrero de 2017 a diez años de inhabilitación especial por prevaricación continuada, pero lo absolvió de fraude de subvenciones y malversación. El Supremo desestimó su casación mediante sentencia 197/2018, de 25 de abril, difundida el 7 de mayo. Los hechos incluían contrataciones temporales y de monitores, obras, servicios técnicos y compras directas sin los procedimientos exigibles.
En el procedimiento separado sobre el bar de la piscina municipal, Europa Press informó el 9 de marzo de 2021 de una conformidad: un año de prisión y cuatro años y seis meses de inhabilitación tras reconocer la adjudicación directa y la apropiación de 9.500 euros recibidos como fianza. La información sitúa esos hechos en 2004 y señala que se declaró firme el fallo en el acto. También documenta la suspensión del ingreso en prisión condicionada a no delinquir durante dos años y a atender la responsabilidad civil, asegurada mediante embargo.
Los 9.500 euros mostrados como coste corresponden a la cantidad apropiada en el asunto del bar, no al precio de los contratos ni a una suma de fianzas cautelares. Faltan el original de la sentencia de conformidad y las resoluciones de ejecución de ambos procedimientos para comprobar el reintegro, el cumplimiento de las condiciones de suspensión y de las inhabilitaciones al 17 de octubre de 2026. No se presume ingreso efectivo en prisión ni extinción de las penas por el tiempo transcurrido.
Desarrollo y fuentes
La causa de contrataciones sancionó la omisión consciente de los procedimientos de selección y adjudicación. Los hechos probados reproducidos por el Supremo enumeran contrataciones de personal y nueve monitores, fases de una guardería, proyectos de arquitectura, maquinaria y un catálogo de construcciones. Los importes de esas operaciones y la deuda con proveedores no se suman al coste de esta ficha. La misma sentencia recoge que no se acreditó apropiación de determinados materiales y que la subvención del taller de empleo se destinó íntegramente a su fin; el fallo inicial absolvió de fraude de subvenciones y malversación.
La condena por apropiación de la fianza del bar pertenece a otro procedimiento. La noticia de conformidad distingue la petición fiscal inicial de seis años de prisión de la pena finalmente aceptada de un año, con dilaciones indebidas muy cualificadas. También distingue asegurar la responsabilidad civil mediante embargo de haberla pagado efectivamente. La suspensión condicionada del ingreso no borra la condena ni permite dar por cumplida o extinguida la prisión sin resolución de ejecución.
Las fuentes ofrecen referencias distintas al periodo completo de Alcaldía y sitúan el asunto del bar en 2004; no se impone a todos los hechos el intervalo 2007–2011 de la causa de contrataciones. Tampoco se conserva una fecha exacta inventada de comienzo de mandato o cierre global del caso. Quedan por recuperar el fallo de conformidad y las resoluciones posteriores de ejecución, incluida la duración efectiva y cumplimiento de las inhabilitaciones.
Fuentes: sentencia original del Supremo, nota oficial publicada el 7 de mayo de 2018, Teleprensa, identificación nominal y contratación, Europa Press/Teleprensa, conformidad de 2021 y Diario de Almería, sentencia del bar y suspensión.
Documentos relevantes
- Ver
Tribunal Supremo: sentencia 197/2018 sobre contrataciones del Ayuntamiento de Oria
2018 · PDF · 38 páginas
Cronología
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Condena por prevaricación y absoluciones en el proceso de contrataciones
Los antecedentes de la sentencia del Supremo reproducen la condena de la Audiencia a diez años de inhabilitación especial y las absoluciones por fraude de subvenciones y malversación. No es la causa posterior del bar municipal.
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El Supremo desestima la casación
La STS 197/2018 mantiene la condena por prevaricación administrativa continuada. Su fecha es el 25 de abril, distinta de la publicación de la nota oficial en mayo.
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Se publica la confirmación de la condena
La nota del Supremo comunica el resultado y describe el alcance de la inhabilitación: cargos electivos municipales y otros análogos insulares, autonómicos o estatales. La identidad nominal se contrasta en Teleprensa; no se reconstruye a partir del nombre anonimizado del PDF.
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Se conoce la conformidad en el asunto del bar de la piscina
Europa Press informa de la pena de un año de prisión y cuatro años y seis meses de inhabilitación, de la firmeza declarada en el acto y de la suspensión condicionada del ingreso. Esta fecha corresponde a la noticia; falta cotejar el original y la ejecución posterior.