Caso Interligare - PSOE
Descripción del caso
El caso Interligare investiga la presunta existencia de una red de corrupción para amañar contratos públicos del Ministerio del Interior, con conexiones en la cúpula policial durante los mandatos de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor Antonio Camacho. La empresa Inteligencia y Seguridad S.L. (Interligare), con sede en Aranjuez y vinculada a ex altos cargos policiales, recibió contratos públicos por valor de al menos 2,4 millones de euros entre 2008 y 2010 a través de adjudicaciones sin publicidad ni concurrencia. El 5 de noviembre de 2009, el Ministerio del Interior adjudicó a Interligare el mantenimiento del sistema de inteligencia del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), lo que otorgaba a la empresa acceso privilegiado a información antiterrorista reservada.
Los tres presuntos líderes de la trama eran Gabriel Fuentes González, excomisario general de Información y vicepresidente de Interligare; Miguel Ángel Fernández Rancaño, exjefe superior de Policía de Madrid y miembro del consejo de administración de la empresa; y Luis Luengo Alfonso, exdirector general de Infraestructuras del Ministerio del Interior durante la etapa de Rubalcaba, quien supuestamente filtraba a Interligare los pliegos de condiciones de los concursos para garantizarle las adjudicaciones. Además, el caso incorporó una vertiente de espionaje político: la empresa habría alquilado un piso en la calle Génova 15 de Madrid, a apenas diez metros de la sede nacional del PP, para montar presuntamente un dispositivo de interceptación de comunicaciones con maletines espía Verint Engage GI2, capaces de capturar llamadas GSM en un radio de 500 metros.
La investigación fue iniciada en noviembre de 2011 por agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que presentaron denuncia en los juzgados de Aranjuez, pero el caso estuvo marcado por continuos conflictos de competencia entre juzgados, reiteradas prórrogas del secreto de sumario y denuncias de los propios investigadores por obstrucción. El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid archivó la causa en junio de 2014 por entender que no había indicios de cohecho ni tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso en diciembre de 2015, considerando prematuro el archivo sin practicar diligencias esenciales. El caso terminó siendo sobreseído definitivamente sin condenas.
Resumen
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