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Caso Interligare - PSOE

Iniciado: Noviembre de 2009
Madrid, España

Descripción del caso

El caso Interligare investiga la presunta existencia de una red de corrupción para amañar contratos públicos del Ministerio del Interior, con conexiones en la cúpula policial durante los mandatos de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor Antonio Camacho. La empresa Inteligencia y Seguridad S.L. (Interligare), con sede en Aranjuez y vinculada a ex altos cargos policiales, recibió contratos públicos por valor de al menos 2,4 millones de euros entre 2008 y 2010 a través de adjudicaciones sin publicidad ni concurrencia. El 5 de noviembre de 2009, el Ministerio del Interior adjudicó a Interligare el mantenimiento del sistema de inteligencia del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), lo que otorgaba a la empresa acceso privilegiado a información antiterrorista reservada.

Los tres presuntos líderes de la trama eran Gabriel Fuentes González, excomisario general de Información y vicepresidente de Interligare; Miguel Ángel Fernández Rancaño, exjefe superior de Policía de Madrid y miembro del consejo de administración de la empresa; y Luis Luengo Alfonso, exdirector general de Infraestructuras del Ministerio del Interior durante la etapa de Rubalcaba, quien supuestamente filtraba a Interligare los pliegos de condiciones de los concursos para garantizarle las adjudicaciones. Además, el caso incorporó una vertiente de espionaje político: la empresa habría alquilado un piso en la calle Génova 15 de Madrid, a apenas diez metros de la sede nacional del PP, para montar presuntamente un dispositivo de interceptación de comunicaciones con maletines espía Verint Engage GI2, capaces de capturar llamadas GSM en un radio de 500 metros.

La investigación fue iniciada en noviembre de 2011 por agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que presentaron denuncia en los juzgados de Aranjuez, pero el caso estuvo marcado por continuos conflictos de competencia entre juzgados, reiteradas prórrogas del secreto de sumario y denuncias de los propios investigadores por obstrucción. El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid archivó la causa en junio de 2014 por entender que no había indicios de cohecho ni tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso en diciembre de 2015, considerando prematuro el archivo sin practicar diligencias esenciales. El caso terminó siendo sobreseído definitivamente sin condenas.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
2,4 millones €

Implicados

Gabriel Fuentes González
Excomisario General de Información del Cuerpo Nacional de Policía
Miguel Ángel Fernández Rancaño
Exjefe Superior de Policía de Madrid
Luis Luengo Alfonso
Exdirector General de Infraestructuras del Ministerio del Interior
José Luis Martín Juárez
Presidente de Interligare
Alexandre Hermida Mondelo
Director General de Interligare
Alfredo Pérez Rubalcaba
Ministro del Interior (2006-2010), Vicepresidente del Gobierno

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Documentos relevantes

Cronología

Agosto de 2009
Adjudicación del primer contrato del CNCA a Interligare
El Ministerio del Interior inicia el proceso de adjudicación a Interligare del contrato para gestionar el mantenimiento del sistema de inteligencia del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). La adjudicación se tramita por procedimiento ordinario sin publicidad y sin promoción de ofertas, siendo Interligare la única empresa con acceso al concurso. El contrato otorga a la empresa acceso a instalaciones con información antiterrorista clasificada.
Noviembre de 2009
Interior adjudica a Interligare el contrato del CNCA
El Ministerio del Interior formaliza la adjudicación a Interligare del contrato de mantenimiento del sistema de inteligencia del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, valorado en 2,4 millones de euros. La empresa, con deudas con Hacienda y la Seguridad Social, obtiene así acceso privilegiado a información antiterrorista gestionada por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según el pliego, la Administración facilitará al contratista acceso libre a las instalaciones donde se encuentran los equipos del CNCA.
Noviembre de 2011
Denuncia de la UDEF en los juzgados de Aranjuez
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, encabezados por el comisario Jaime Barrado, presentan un informe-denuncia en el Juzgado de Aranjuez acusando a tres ex altos cargos del Ministerio del Interior de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas de Interligare y permitirle contratar con la Administración. Los investigadores imputan cinco delitos: cohecho, falsedad documental, fraude, tráfico de influencias y delitos contra la Seguridad Social.
Noviembre de 2011
La jueza de Aranjuez se inhibe y comienzan los conflictos de competencia
Solo dos semanas después de recibir la denuncia, la jueza de Aranjuez se inhibe a favor de los Juzgados de Instrucción de la Plaza de Castilla en Madrid. Estos, a su vez, devuelven la causa el 2 de diciembre, y la magistrada recurre la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que falla que debe ser ella quien lleve la investigación. En cuanto la denuncia vuelve a su juzgado, la jueza decreta el secreto de sumario, que será prorrogado en reiteradas ocasiones durante meses.
Agosto de 2012
El Mundo destapa el caso: contratos irregulares y presunto espionaje al PP
El diario El Mundo publica el informe de la UDEF sobre la trama Interligare, revelando al gran público la existencia de contratos irregulares adjudicados por el Ministerio del Interior a una empresa vinculada a ex altos cargos policiales del PSOE. La información añade la presunta dimensión de espionaje político: Interligare habría alquilado un piso en la calle Génova 15 de Madrid, a diez metros de la sede del PP, desde donde supuestamente se habrían realizado interceptaciones de comunicaciones con el maletín espía Verint Engage GI2. Los medios califican el caso como el 'Watergate español'.
Septiembre de 2012
La Fiscalía no ve delitos graves y los investigadores denuncian obstrucción
El Ministerio Fiscal concluye que no aprecia indicios de delitos graves en la trama de los tres comisarios vinculados al caso Interligare. Al mismo tiempo, los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica que destaparon el caso denuncian públicamente que no les han dejado trabajar con normalidad y que han sufrido presiones desde la Dirección General de la Policía. El comisario Barrado y sus colaboradores son apartados de la investigación en medio de la polémica. El caso queda empantanado durante meses en un conflicto entre policías y jueces sobre la competencia jurisdiccional.
Junio de 2014
El juez archiva el caso: no hay indicios de cohecho ni tráfico de influencias
El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, a cargo del juez Juan Antonio Toro, acuerda el sobreseimiento provisional de la causa por cohecho y tráfico de influencias contra los funcionarios del Ministerio del Interior, al considerar que no hay 'ni un atisbo de sospecha de la comisión de ningún delito'. El juez concluye que los investigados no tuvieron influencia en la formulación de los pliegos de condiciones ni poder de decisión para influir en la contratación pública entre Interligare y el Ministerio. Se abren no obstante nuevas diligencias contra tres acusados por alzamiento de bienes y delitos contra la Hacienda Pública.
Diciembre de 2015
La Audiencia Provincial reabre el caso a instancias de Anticorrupción
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo decretado en junio de 2014 y ordena la reapertura de la instrucción. El tribunal considera 'prematuro' cerrar el proceso sin practicar diligencias esenciales solicitadas por la Fiscalía, en particular la declaración de los funcionarios policiales que estuvieron presentes en las reuniones celebradas en la Comisaría General de Información con representantes de Interligare. El caso vuelve al Juzgado de Instrucción para continuar la investigación.
Noviembre de 2017
Los directivos de Interligare vuelven a la actividad empresarial
José Luis Martín Juárez y Alexandre Hermida Mondelo, expresidente y exdirector general de Interligare, reanudan su actividad profesional creando una nueva empresa de consultoría e inteligencia denominada Metamorg Technologies S.L., con sede en Ciudad Real. Hermida Mondelo figura como administrador único de la nueva sociedad, fundada en enero de 2017. Su regreso al mercado indica que el caso judicial no ha impedido su actividad, en un momento en que la instrucción se encuentra paralizada sin haberse celebrado juicio oral.