Caso Ibiza Centre - PSOE
Descripción del caso
El caso Ibiza Centre (también conocido como caso Eivissa Centre) estalló en abril de 2007 cuando Roque López Morcillo, ex secretario general de la Federación Socialista de las Pitiusas, denunció ante la justicia que el PSOE de Ibiza habría pactado cobrar comisiones ilegales por valor de 1,5 millones de euros de la promotora Bruesa a cambio de adjudicarle las obras de remodelación integral del centro histórico de Eivissa, el llamado proyecto "Eivissa Centre", valorado en más de 120 millones de euros. El denunciante aportó como prueba más de 12 horas de grabaciones de conversaciones en las que se hablaba del "mayor negocio de la historia de la ciudad" y en las que, según López, se reconocía que parte de las comisiones ya habían llegado a las arcas del partido socialista ibicenco.
El caso fue instruido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa e investigó presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Entre los principales imputados se encontraban Xico Tarrés Marí, presidente del Consell Insular d'Eivissa y número uno del PSOE ibicenco; Pedro Campillo Antón, concejal socialista del Ayuntamiento de Vila; Josep Marí Ribas (Agustinet), alcalde de Sant Josep y ex gerente de la empresa mixta Itusa; Antonio Pinal Gil, propietario de la constructora Bruesa; y Miquel Mestre Morey, ex número dos del PSIB. La investigación se prolongó durante más de una década y acumuló 17 tomos y más de 4.600 páginas de documentación. En 2013, el Fiscal Superior de Baleares reactivó el caso transfiriéndolo a la fiscalía de Ibiza seis años después de iniciadas las diligencias.
En abril de 2014, la jueza Carmen Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, decretó el sobreseimiento provisional del caso al considerar que no quedaba acreditado el pago de comisiones y que no existían actas de la junta directiva de Itusa ni documentos que probaran delito alguno. La Fiscalía, en boca de la fiscal Bárbara Moreno, argumentó que "las meras suposiciones nunca pueden ser constitutivas de delito". En junio de 2018, tras un nuevo intento de la acusación de reabrir el caso, se decretó el sobreseimiento definitivo, cerrando así once años de investigación judicial sin ninguna condena. Xico Tarrés declaró el caso "una gran mentira para evitar que el PSOE ganara" las elecciones locales.
Resumen
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