Caso Grandas de Salime: maquinaria de la patata y gestión municipal

La noticia de RTPA de mayo de 2014 acredita una actuación judicial concreta: el entonces alcalde declaró como imputado por la denuncia relativa a la maquinaria y negó haber cometido irregularidades. Una denuncia y una declaración en instrucción no prueban por sí mismas la comisión de un delito. No se mantiene la descripción anterior del aprovechamiento privado como hecho judicialmente acreditado.

La fuente principal sobre el resultado localizado es el acta oficial del pleno de 23 de julio de 2015, cuyas páginas 8–11 transcriben la resolución de la Audiencia. Es un documento municipal auténtico, no la copia original del auto judicial. Se distinguen en él la transcripción del auto y las intervenciones del alcalde que interrumpen su lectura: las valoraciones políticas del regidor sobre el denunciante no se atribuyen al tribunal.

La transcripción identifica DP 133/14, el sobreseimiento provisional de 27 de octubre de 2014, la desestimación de la reforma el 22 de diciembre y el auto 478/2015 de la Sección Segunda de la Audiencia de Oviedo. El dispositivo confirma ambas resoluciones y declara las costas de oficio. No se da al auto de la Audiencia el 28 de mayo de 2015 como fecha de dictado: el acta solo menciona ese día como señalamiento para resolver.

Sobre la maquinaria, la resolución transcrita no estima probado el uso exclusivo y excluyente ni que se negara el servicio a otro agricultor. Recoge certificación de un pago de 696 euros por su utilización entre 2010 y 2013. Los 60.000 euros se exponen como un argumento del recurso sobre lo que habría costado adquirir el equipo; no se convierten en daño público, beneficio penalmente acreditado o suma de subvenciones verificada. Se elimina por ello el coste de 60.000 euros y la afirmación de que la máquina fue utilizada exclusivamente por el alcalde y su socia.

La resolución trata también las alegaciones sobre terrenos, presupuestos y el complemento específico de la secretaria, y considera insuficientes los argumentos para continuar. No se presenta el aumento retributivo denunciado como delito probado. Los cargos que figuran en la ficha son los de las actuaciones históricas, sin afirmar que esas personas sigan ocupándolos en 2026.

Hay dos asuntos que no deben confundirse con este resultado. La noticia de 2012 sobre una concejala absuelta de calumnias se refiere a expresiones vertidas en un pleno, no a una condena del alcalde por el uso de la máquina. Tampoco el antiguo procedimiento contable contra un secretario-interventor permite atribuir al alcalde, la edil o la secretaria de DP 133/14 una responsabilidad de 97.910,23 euros: no se ha verificado aquí el original de esa causa distinta y no se agrega su cuantía al caso de la patata.

A 17 de octubre de 2026 faltan el auto judicial original y la comprobación de su firmeza o posibles actuaciones posteriores. El resultado documentado es un sobreseimiento provisional confirmado según transcripción oficial, no una investigación actual presumida por falta de noticias ni una absolución definitiva. Se omiten los días de concesión y constitución de la cooperativa que no han podido verificarse.