Flotador/Uniformes - PSOE

El caso Flotador/Uniformes es una pieza separada de la Operación Flotador, la macrocausa judicial que investigó la gestión de fondos públicos en el Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) entre 2007 y 2014. Esta rama específica de la investigación se centró en el uso irregular de las partidas presupuestarias destinadas a la renovación de vestuario laboral de los técnicos municipales del Servicio de Inspección y Actividades Técnicas. El modus operandi consistía en falsificar el concepto de las facturas para adquirir artículos ajenos al material de trabajo (ropa de mujer, artículos de bebé, material deportivo e incluso munición y armas) con cargo a una subvención bianual de 300 euros que el ayuntamiento otorgaba desde 2007 para renovar uniformes de trabajo.

La investigación policial, llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, detectó que los artículos adquiridos con las partidas de uniformes levantaron sospechas al incluir tallas y géneros incompatibles con el uso profesional. Entre los investigados figuraba Francisco Crispín, entonces portavoz del PSOE en Sagunto y exalcalde del municipio, quien había sido jefe del Servicio de Inspección Técnica de Actividades durante el periodo investigado. La Fiscalía solicitó para Crispín una pena de cinco años de prisión por malversación y prevaricación, y dos años para cada uno de los otros cuatro técnicos municipales implicados.

El juicio oral se celebró ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que dictó sentencia absolutoria para los cinco acusados. El tribunal consideró que no quedaba acreditado que el destino de los fondos hubiera sido el enriquecimiento personal de los investigados ni que existiera dolo malversador. La absolución fue firme y el caso quedó archivado sin condenas, aunque la pieza principal de la Operación Flotador —relativa a la adjudicación irregular de la gestión del agua a la empresa mixta Aigües de Sagunt— también fue archivada por la instructora al no existir acusación popular ni del Ministerio Fiscal que sostuviera los cargos.