Caso Feval - PSOE
Descripción del caso
El Caso Feval destapó una trama de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y prevaricación administrativa en la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL), consorcio público participado por la Junta de Extremadura, las diputaciones de Badajoz y Cáceres y el Ayuntamiento de Don Benito. Las irregularidades se extendieron entre 2005 y 2009 bajo la dirección de José Luis Viñuela Díaz, vinculado al PSOE extremeño y exdiputado autonómico del partido.
La investigación se inició a raíz de una auditoría encargada en 2009 por la propia Junta de Extremadura, entonces gobernada por Guillermo Fernández Vara (PSOE), y concluida en junio de 2011. El informe reveló que 201.644 euros habían desaparecido de las cuentas de la institución de forma injustificada, ocultándose la brecha mediante la modificación o eliminación de asientos contables. Parte de los fondos desviados se destinaron a obras en una finca privada situada junto al embalse de Orellana en Badajoz, propiedad compartida por los tres principales acusados. Además, se detectaron contratos fraccionados y adjudicaciones irregulares a la consultora Everis para evitar la obligación de concurso público.
En mayo de 2013, la Policía Nacional detuvo a siete personas en Don Benito, Madrid y Sevilla: el exdirector general Viñuela, el exsubdirector José Villa y el exadministrador Juan Francisco Cerrato, junto a cuatro empleados de Everis relacionados con los contratos irregulares. El juicio oral se celebró en 2017 ante la Audiencia Provincial de Badajoz, que en su sentencia de 7 de junio de 2017 condenó a los tres directivos a ocho años y tres meses de prisión cada uno por malversación, falsificación de documentos públicos y prevaricación, con la obligación de indemnizar a FEVAL con 201.644 euros.
El Tribunal Supremo resolvió los recursos en mayo de 2018 y redujo significativamente las penas: condenó a Juan Francisco Cerrato a cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación de ocho años, y a José Luis Viñuela a un año y nueve meses de prisión e inhabilitación de diez años, absolviendo completamente a José Villa. El caso tuvo una prolongada cola institucional: la propia FEVAL, ya bajo gestión del PP, solicitó el indulto para Cerrato, lo que generó una fuerte polémica y obligó a la Junta de Extremadura a rectificar públicamente.
Resumen
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