Ministerio de Asuntos Internos y
Externos del Enriquecimiento Personal
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ERE/González Byass - PSOE

Iniciado: Abril de 2008
Jerez de la Frontera, Andalucía

Descripción del caso

El caso ERE/González Byass es una de las piezas más llamativas del macroescándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos de Andalucía. La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, concedió 19,7 millones de euros a la bodega jerezana González Byass para atenuar las consecuencias del despido de los trabajadores prejubilados afectados por un ERE que la empresa presentó en abril de 2008.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluyó que la subvención careció "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido: González Byass no solicitó la subvención, no consta resolución motivada de concesión por parte de la Consejería de Empleo ni tampoco el cumplimiento de los requisitos exigidos a los beneficiarios. La ayuda se canalizó a través del llamado "procedimiento específico" diseñado para eludir los controles ordinarios.

Este caso alcanzó especial notoriedad por la supuesta inclusión del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández García en el propio ERE de González Byass desde el día de su nacimiento, lo que habría supuesto una flagrante irregularidad. Sin embargo, las investigaciones posteriores determinaron que Fernández García apareció como beneficiario asegurado en la póliza pero que nunca firmó el formulario de adhesión y que, en consecuencia, la póliza no le generó ningún derecho ni se le abonó cantidad alguna. La Audiencia retiró finalmente ese cargo concreto contra él.

El caso se inscribe en el mayor escándalo de corrupción política de la historia de España, con al menos 679 millones de euros desviados de fondos públicos andaluces.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
19,7 millones €

Implicados

Antonio Fernández García
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía
Francisco Javier Guerrero Benítez
Director General de Trabajo e Inmigración de la Junta de Andalucía
José Antonio Griñán Martínez
Consejero de Hacienda (2004-2009) y Presidente de la Junta (2009-2013)
Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía (1990-2009)

Documentos relevantes

No hay documentos disponibles

Cronología

Abril de 2008
González Byass presenta un ERE para sus trabajadores
La bodega jerezana González Byass presenta un Expediente de Regulación de Empleo para prejubilar a parte de su plantilla. La Consejería de Empleo de la Junta comienza a tramitar la concesión de una subvención para atenuar el impacto social.
Alta relevancia
Junio de 2008
La Junta concede 19,7 millones sin procedimiento legal
La Consejería de Empleo concede 19,7 millones de euros a González Byass sin que la empresa lo haya solicitado, sin resolución motivada de concesión y sin cumplir los requisitos legales exigidos, según determina posteriormente la IGAE.
Alta relevancia
Enero de 2011
La jueza Alaya investiga el ERE de González Byass
La jueza instructora del caso ERE Mercedes Alaya abre la pieza separada de González Byass e imputa al exconsejero Antonio Fernández García por aparecer supuestamente en la lista de beneficiarios de la póliza del ERE.
Enero de 2012
La Junta deja de pagar los ERE de González Byass al aflorar el escándalo
Al conocerse la magnitud del escándalo ERE, la Junta de Andalucía interrumpe los pagos correspondientes al ERE de González Byass, dejando en situación de incertidumbre a los trabajadores prejubilados.
Alta relevancia
Enero de 2019
La Audiencia retira el cargo de beneficiario del ERE contra Antonio Fernández
La Audiencia Provincial de Sevilla determina que Antonio Fernández García apareció como asegurado en la póliza pero nunca firmó la adhesión ni cobró cantidad alguna, por lo que retira ese cargo específico en el procedimiento separado de González Byass.
Alta relevancia
Julio de 2024
El Tribunal Constitucional reduce la pena de Griñán
El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de Antonio Fernández García y reduce algunas condenas del caso ERE. El alto tribunal cuestiona la calificación de malversación pero no absuelve a los condenados por prevaricación.