Caso ERE/Siemens Metering - PSOE

El Caso ERE/Siemens Metering es una pieza separada del macro caso de los ERE de Andalucía que investiga presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas por parte de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, a la empresa Siemens Metering SA (actualmente Landis and Gyr SAU) en el año 2002. El caso se centra en una ayuda de 1.524.718,97 euros otorgada para financiar las prejubilaciones de 36 de los 84 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en dicha empresa.

La investigación judicial determinó que esta ayuda, que representaba el 34,16% del coste de la póliza de seguro de rentas colectivo formalizada para asegurar los ingresos de los empleados afectados hasta que alcanzaran la edad ordinaria de jubilación (el 65,84% restante fue asumido por la empresa), se concedió sin seguir el procedimiento administrativo legalmente establecido. Según las pesquisas policiales, ocho de los 36 empleados incluidos en este ERE subvencionado por la Junta de Andalucía ni siquiera habían cumplido los 50 años de edad en el momento de la concesión, lo que añadió sospechas sobre la idoneidad de las ayudas.

Además, la Guardia Civil detectó que la suscripción del seguro de rentas colectivo para los 36 trabajadores de Siemens Metering incluía una sobrecomisión de 431.199,40 euros (equivalente al 9,70% del total), de la cual la Junta de Andalucía asumió 147.287,85 euros. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) señaló en su momento que se habían obviado trámites esenciales en la concesión de la ayuda, como la falta de expediente administrativo, solicitud formal o documentación justificativa. El juez instructor concluyó que la ayuda "carecía de finalidad definida y concreta, se realizó de forma injusta y arbitraria, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad aplicables".

En octubre de 2021, el juez José Ignacio Vilaplana, instructor del caso ERE, acordó la continuación del procedimiento contra cinco investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos: dos directivos de Siemens Metering (el director general Félix Rivas y el director administrativo y financiero Joaquín Justel), dos funcionarios de la empresa intermediaria Vitalia S.A. (Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo), y el representante sindical y presidente del comité de empresa, Manuel Macarro. Durante la instrucción también se investigó a dos altos cargos de la Junta de Andalucía ya fallecidos: Francisco Javier Guerrero Benítez (ex director general de Trabajo y Seguridad Social, fallecido en 2020) y Francisco Mencía Morales (ex director general del IFA/IDEA, fallecido en 2015).

El caso concluyó el 8 de septiembre de 2025 cuando la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a dos empleados de Vitalia de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, al considerar que su participación en la concesión de la ayuda no había sido "suficientemente probada". Los magistrados entendieron que, aunque uno trabajaba como consultor en Sevilla y otro como supervisor en Madrid para Banco Vitalicio, no existían pruebas suficientes de que intervinieran en la concesión de los fondos públicos más allá de sus funciones ordinarias. Durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones del PP-A y la Junta de Andalucía habían solicitado tres años de prisión y siete años y seis meses de inhabilitación absoluta para los dos acusados como cooperadores necesarios. La sentencia, notificada a las partes el 11 de septiembre de 2025, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Con esta resolución, se dictaron 23 sentencias en piezas separadas del caso ERE, uno de los mayores escándalos de corrupción política en Andalucía.