ERE fraudulento de Santana Motor - PSOE

El caso ERE de Santana Motor constituye una de las piezas más relevantes del macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía, destacando por el volumen de ayudas públicas irregulares concedidas. Entre 2001 y 2010, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, concedió ayudas por valor superior a 100 millones de euros a Santana Motor, histórica empresa automovilística de Linares (Jaén) especializada en vehículos todoterreno. Las ayudas se destinaron supuestamente a financiar dos Expedientes de Regulación de Empleo que afectarían a más de 1.163 trabajadores, así como a préstamos convertibles y otros conceptos. Sin embargo, la investigación judicial reveló múltiples irregularidades: ayudas concedidas cuando la empresa ya estaba en proceso de liquidación, conversión ilegal de préstamos reembolsables en ayudas a fondo perdido, desvío de fondos públicos a empresas vinculadas a directivos de Santana Motor, y pagos millonarios en concepto de "indemnizaciones" y "honorarios" a los propios directivos de la empresa.

La trama operaba mediante un complejo sistema diseñado para eludir los controles administrativos. El caso comenzó con la firma del Plan de Acción para Santana (PAS) el 19 de febrero de 2001 por el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, que comprometía fondos públicos masivos para salvar la empresa. En julio de 2001 se aprobó el primer ERE para la filial Útiles del Sur (712 trabajadores) por 77,9 millones de euros, y en noviembre del mismo año el segundo ERE para Sociedad para el Desarrollo de Componentes (451 trabajadores) por otros 9,8 millones. Adicionalmente, en 2009, bajo el consejero de Innovación Martín Soler, la agencia IDEA concedió préstamos por 36,1 millones de euros mediante el convenio MASSIF que, según la investigación judicial, fueron convertidos irregularmente en ayudas no reembolsables y utilizados para fines distintos a los autorizados. Entre los beneficiarios indirectos se encontraba la consultora EGM, cuyo administrador único era Bienvenido Martínez, presidente de Santana Motor, que recibió 339.701 euros entre 2009 y 2011.

El caso adquirió notoriedad pública en 2023 cuando María Gámez, directora general de la Guardia Civil, dimitió tras conocerse que su cuñado, Bienvenido Martínez, estaba siendo investigado como cerebro de la trama de desvío de fondos, y su marido, Juan Carlos Martínez, también había sido citado como investigado. La instrucción del caso ha sido especialmente compleja, con múltiples piezas separadas y procesados que incluyen a cuatro exconsejeros de la Junta (José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Martín Soler), varios directores generales de Trabajo y de la agencia IDEA (Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Daniel Rivera, Jacinto Cañete, Antonio Valverde), el viceconsejero Agustín Barberá, directivos de Santana Motor (Bienvenido Martínez como presidente), abogados, y representantes de empresas vinculadas. Los delitos investigados incluyen prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos oficiales y asociación ilícita.

En los últimos años, el caso ha experimentado importantes reveses judiciales. En junio de 2023, el juez José Ignacio Vilaplana declaró prescritos los hechos respecto a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández en relación con las ayudas de 100,66 millones concedidas entre 2001 y 2010, decisión que fue temporalmente revocada en octubre de 2024 tras recurso del PP, pero finalmente confirmada por la Audiencia de Sevilla en marzo de 2025. En junio de 2024 se archivó la causa contra Juan Carlos Martínez, y en febrero de 2025 contra Bienvenido Martínez por defectos procedimentales. No obstante, el juez continúa el procedimiento contra otros diez investigados, incluyendo al exconsejero Martín Soler, directivos de IDEA, y cinco ejecutivos de Santana Motor como partícipes a título lucrativo. Este caso simboliza el despilfarro de fondos públicos del PSOE andaluz y contribuyó decisivamente al fin de 37 años de hegemonía socialista en Andalucía tras las elecciones de 2018.