ERE/Pieza Política - PSOE

El caso ERE/Pieza Política constituye el núcleo central del mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía y uno de los más graves de España, tanto por el volumen de dinero defraudado (679,43 millones de euros entre 2000 y 2009) como por el número de implicados (más de 300 investigados). Durante más de una década, los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, presididos sucesivamente por Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), establecieron y mantuvieron un sistema deliberadamente irregular de concesión de ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas en crisis que eludía todos los controles administrativos legalmente establecidos. El fraude operaba mediante modificaciones presupuestarias que permitían transferir fondos públicos masivos sin fiscalización previa de la Intervención General, creando lo que se conoció como el "fondo de reptiles" o programa 31L.

El sistema fraudulento se inició con la modificación presupuestaria del 18 de abril de 2000, aprobada por el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves, que estableció la línea presupuestaria 440.01 para "Transferencias al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) en materia de Relaciones Laborales". Esta modificación permitía que los fondos públicos fueran gestionados directamente por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, posteriormente agencia IDEA) sin pasar por los controles ordinarios de la Intervención General. El director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, gestionó discrecionalmente hasta 647 millones de euros en ayudas fraudulentas entre 2001 y 2009, concediendo 270 subvenciones a empresas y 617 ayudas sociolaborales sin ningún procedimiento administrativo regular. No se tramitó ni un solo expediente conforme a derecho, las ayudas se concedían sin informes técnicos previos, sin evaluación de la viabilidad de los proyectos, sin seguimiento posterior del destino de los fondos, y en muchos casos a empresas que ya estaban en liquidación o a beneficiarios con conexiones políticas con el PSOE.

La pieza política del caso ERE, juzgada en 2017-2018, se centró en determinar las responsabilidades de los máximos dirigentes políticos y administrativos de la Junta que diseñaron, aprobaron y mantuvieron este sistema ilegal. Tras 152 sesiones de juicio celebradas entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 en la Audiencia Provincial de Sevilla, el tribunal dictó sentencia el 19 de noviembre de 2019 condenando a 19 de los 21 acusados. Los expresidentes José Antonio Griñán fue condenado a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación por malversación y prevaricación continuada, mientras que Manuel Chaves recibió 9 años de inhabilitación por prevaricación. Entre los demás condenados se encontraban seis exconsejeros (Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera), múltiples viceconsejeros, directores generales, y el cerebro operativo del fraude, Francisco Javier Guerrero (fallecido en 2020). Solo dos acusados fueron absueltos: el exinterventor Manuel Gómez, que había alertado repetidamente de las ilegalidades sin ser escuchado, y el exjefe del gabinete jurídico Francisco del Río.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia el 13 de septiembre de 2022 por tres votos contra dos, estableciendo que los condenados "actuaron con conocimiento de las irregularidades y persiguiendo una concreta finalidad cuya ilicitud conocían". Sin embargo, el 16 de julio de 2024, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente las condenas en una polémica decisión adoptada por cinco magistrados progresistas frente a cuatro conservadores. El TC ordenó anular íntegramente la condena por malversación de Griñán y reducir sustancialmente las penas por prevaricación, argumentando que los actos presupuestarios gubernamentales (como la aprobación de modificaciones presupuestarias) no podían criminalizarse de manera "imprevisible". Esta decisión provocó la excarcelación de varios condenados que ya habían ingresado en prisión, incluido Miguel Ángel Serrano tras 18 meses de prisión efectiva. El caso simboliza el despilfarro sistemático de fondos públicos del PSOE andaluz durante décadas y contribuyó decisivamente al fin de 37 años de hegemonía socialista en Andalucía tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018.