ERE/Matadero Fuenteobejuna - PSOE

El caso ERE/Matadero Fuenteobejuna es una pieza separada del macrocaso de corrupción de los ERE de Andalucía que investiga el desvío fraudulento de 2,52 millones de euros en ayudas públicas de la Junta de Andalucía destinadas supuestamente a sufragar las prejubilaciones de los trabajadores del Matadero de Fuenteobejuna SAL, una empresa cárnica de Córdoba que cerró definitivamente en 1998. El fraude consistió en la inclusión ilegal de personas que nunca trabajaron en el matadero (denominados "intrusos") en un ERE ficticio para que pudieran beneficiarse de ayudas públicas destinadas a prejubilaciones anticipadas.

El exsindicalista de UGT Juan Lanzas, identificado como el "conseguidor" o cabecilla de la trama, organizó un esquema fraudulento en el que contrató ilegalmente a 20 personas que nunca llegaron a trabajar realmente para una empresa propiedad de un amigo suyo, Juan José Viedma González (dueño de Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, una almazara de aceite de oliva). Estas falsas contrataciones, que duraron apenas entre 16 y 21 días en febrero de 2002, permitieron a los beneficiarios obtener un estatus especial de cotización a la Seguridad Social que les habilitaba posteriormente para recibir ayudas fraudulentas como si hubieran sido trabajadores legítimos del matadero.

Entre los beneficiarios fraudulentos se encontraban familiares y allegados del propio Juan José Viedma, incluyendo a su hija Juana Pilar Viedma Ocaña (30 años, recibió 111.685 euros), su pareja Adoración Navarro Fernández (40 años, 117.564 euros), y el esposo de una sobrina, Mariano Martínez Fernández (120.667 euros). El caso también implicó a la consultora Vitalia Vida, cuyos representantes Antonio Albarracín y Francisco González presuntamente actuaron como intermediarios en las pólizas de seguros fraudulentas. La asociación de extrabajadores del matadero, constituida fraudulentamente en 2001 y presidida por Manuel G.P. junto con su esposa Florencia R.V., sirvió como estructura organizativa para canalizar las ayudas irregulares.

El fraude se descubrió en 2013 en el marco de la investigación general de los ERE de Andalucía dirigida por la jueza Mercedes Alaya, quien había iniciado las diligencias en enero de 2011 tras detectar irregularidades en un ERE de Mercasevilla que desvelaron un sistema generalizado de concesión fraudulenta de ayudas públicas por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En marzo de 2022, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ordenó la apertura de juicio oral contra 12 acusados por delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, falsedad documental continuada y tráfico de influencias. La Fiscalía solicitó penas combinadas superiores a 46 años de prisión y la restitución de 2,5 millones de euros. A fecha de 2025, no se ha hecho pública una sentencia definitiva en este caso.