ERE fraudulento de Yogures Andaluces (Yogan) - PSOE

El caso ERE de Yogures Andaluces constituye una de las piezas separadas del macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. En diciembre de 2000, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, concedió ayudas irregulares por valor de 6.379.142,48 euros a la empresa Yogures Andaluces S.A. (Yogan), situada en Sevilla, para financiar un Expediente de Regulación de Empleo que permitiría la prejubilación de 54 trabajadores de la planta láctea sevillana mediante el financiamiento de una póliza de seguros de rentas vitalicias.

La investigación judicial reveló que estas ayudas se concedieron de forma ilícita y fraudulenta, eludiendo los procedimientos legalmente establecidos y sin ningún tipo de control ni publicidad, hasta el punto de que la concesión ni siquiera se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La operación se realizó mediante negociaciones privadas justo antes de que la Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (Capsa) -propietaria de Central Lechera Asturiana- llevara a cabo la fusión por absorción de la empresa andaluza. Entre los acusados figuran altos directivos de Yogan que incluyeron sus propios nombres en la lista de 54 trabajadores mayores de 50 años que se beneficiaron del ERE, cobrando prejubilaciones pese a continuar trabajando en la empresa absorbente.

La trama operaba con la complicidad de Juan Lanzas, exdirigente sindical de UGT identificado como el "conseguidor" de los ERE fraudulentos, quien aprovechó su posición como secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT entre 1997 y 2002 y como intermediario en la consultoría de seguridad social Vitalia para promover activamente la concesión y pago de estas ayudas ilegales. En octubre de 2021, el juez José Ignacio Vilaplana, magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, procesó a cuatro personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Este caso forma parte del entramado de corrupción que supuso la malversación de casi 680 millones de euros de fondos públicos en el sistema de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía y que contribuyó decisivamente al fin de la hegemonía del PSOE en Andalucía tras 37 años de gobierno ininterrumpido.