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ERE fraudulento de Yogures Andaluces (Yogan) - PSOE

Iniciado: Diciembre de 2000
Sevilla, Andalucía

Descripción del caso

El caso ERE de Yogures Andaluces constituye una de las piezas separadas del macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. En diciembre de 2000, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, concedió ayudas irregulares por valor de 6.379.142,48 euros a la empresa Yogures Andaluces S.A. (Yogan), situada en Sevilla, para financiar un Expediente de Regulación de Empleo que permitiría la prejubilación de 54 trabajadores de la planta láctea sevillana mediante el financiamiento de una póliza de seguros de rentas vitalicias.

La investigación judicial reveló que estas ayudas se concedieron de forma ilícita y fraudulenta, eludiendo los procedimientos legalmente establecidos y sin ningún tipo de control ni publicidad, hasta el punto de que la concesión ni siquiera se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La operación se realizó mediante negociaciones privadas justo antes de que la Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (Capsa) —propietaria de Central Lechera Asturiana— llevara a cabo la fusión por absorción de la empresa andaluza. Entre los acusados figuran altos directivos de Yogan que incluyeron sus propios nombres en la lista de 54 trabajadores mayores de 50 años que se beneficiaron del ERE, cobrando prejubilaciones pese a continuar trabajando en la empresa absorbente.

La trama operaba con la complicidad de Juan Lanzas, exdirigente sindical de UGT identificado como el "conseguidor" de los ERE fraudulentos. En octubre de 2021, el juez José Ignacio Vilaplana procesó a cuatro personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La pieza pende de señalamiento de juicio oral en la Audiencia Provincial de Sevilla, en un contexto en que el macrocaso ERE afronta en 2025 una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteada por la propia Audiencia de Sevilla tras las polémicas sentencias del Tribunal Constitucional que beneficiaron a los condenados de la pieza principal.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
6,4 millones €

Implicados

Juan Lanzas
Secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT (1997-2002) e intermediario en Vitalia
Juan Carlos Marín Díaz
Director de Yogures Andaluces S.A.
Eloy Martín Fernández
Jefe de Recursos Humanos y representante legal de Yogures Andaluces
Pedro Astals Coma
Consejero delegado de Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (Capsa Food)
Francisco Javier Guerrero Benítez
Director General de Trabajo de la Junta de Andalucía (1999-2008)

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Documentos relevantes

Cronología

Diciembre de 2000
Concesión irregular de ayudas a Yogures Andaluces por 6,4 millones
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía concede ayudas por importe de 6.379.142,48 euros a Yogures Andaluces S.A. (Yogan) para financiar un ERE de 54 trabajadores mediante pólizas de seguros de rentas vitalicias. La concesión se realiza de forma ilícita y fraudulenta, sin seguir los procedimientos legalmente establecidos, sin controles administrativos y sin publicidad alguna, ni siquiera en el BOJA. La operación se produce justo antes de que Capsa Food absorbiera la empresa andaluza.
Enero de 2011
La jueza Mercedes Alaya inicia la instrucción del macrocaso ERE
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abre las Diligencias Previas 174/2011 que investigarían el macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. La investigación comenzó tras detectarse irregularidades en los expedientes de regulación de empleo tramitados en la empresa pública Mercasevilla, y posteriormente se extendería a cientos de empresas, incluida Yogures Andaluces, constituyéndose en uno de los mayores casos de corrupción de Europa por el volumen defraudado (casi 680 millones de euros).
Marzo de 2012
Prisión para Francisco Javier Guerrero, cerebro de la trama
Tras 14 meses de investigación, la jueza Mercedes Alaya ordena el ingreso en prisión de Francisco Javier Guerrero, quien fue director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta entre 1999 y 2008. Guerrero era considerado el ejecutor del sistema fraudulento y gestionaba sin control hasta 647 millones de euros, denominando los fondos desviados como 'fondo de reptiles'. Su detención marcó un hito en la investigación al ser el primer alto cargo encarcelado.
Noviembre de 2019
Sentencia de la pieza principal: condenas a Chaves y Griñán
La Audiencia Provincial de Sevilla dicta sentencia en la pieza principal del macrocaso ERE, condenando al expresidente José Antonio Griñán a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación por malversación y prevaricación, y a Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia considera probado que entre 2000 y 2009 se distribuyeron ilegalmente 679 millones de euros como ayudas al empleo con absoluta falta de control. Fue la primera vez que dos expresidentes autonómicos eran condenados por corrupción.
Octubre de 2020
Fallece Francisco Javier Guerrero durante los juicios
Francisco Javier Guerrero, considerado el cerebro operativo de la trama de los ERE, fallece de un infarto en su domicilio de Sevilla mientras se celebraban múltiples juicios de las piezas separadas del macrocaso. Guerrero, que había sido condenado en la pieza principal a 6 años de prisión, tenía pendientes más de 20 juicios por otras piezas separadas. Su responsabilidad penal quedó extinguida por fallecimiento, dejando sin resolver su participación en numerosas operaciones fraudulentas, incluida la de Yogures Andaluces.
Octubre de 2021
El juez procesa a cuatro acusados por el ERE de Yogures Andaluces
El magistrado José Ignacio Vilaplana, juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dicta auto de procesamiento contra cuatro personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos relacionados con los 6.379.142,48 euros desembolsados para financiar el ERE de Yogures Andaluces. Los procesados son Juan Lanzas (conseguidor de UGT), Juan Carlos Marín y Eloy Martín (directivos de Yogan que se incluyeron como beneficiarios), y Pedro Astals (consejero delegado de Capsa Food). El juez establece responsabilidad civil subsidiaria para Yogures Andaluces (Capsa Food), UGT-FICA, UGT y UGT-Andalucía.
Julio de 2022
El Tribunal Supremo confirma las condenas de Griñán y Chaves
El Tribunal Supremo confirma por tres votos a dos las sentencias de la pieza principal del caso ERE, ratificando la condena de 6 años de prisión para José Antonio Griñán y 9 años de inhabilitación para Manuel Chaves. La sentencia afirma que los condenados actuaron con conocimiento de las irregularidades y persiguiendo un fin cuya ilegalidad conocían. Esta confirmación da solidez judicial a todas las piezas separadas del macrocaso, incluida la de Yogures Andaluces.
Julio de 2024
El Tribunal Constitucional anula parcialmente las condenas del caso ERE
El Tribunal Constitucional anula la condena de prisión de 6 años a José Antonio Griñán por malversación y ordena rebajar las inhabilitaciones de Chaves y Griñán, al considerar vulnerado su derecho a la legalidad penal y la presunción de inocencia. La decisión genera una profunda controversia judicial sobre el alcance del control del TC en materia penal y tiene implicaciones para todas las piezas separadas del caso ERE, aunque no afecta directamente a los procesados de la pieza de Yogures Andaluces.
Julio de 2025
La Audiencia de Sevilla plantea cuestión prejudicial al TJUE sobre las sentencias del TC en el caso ERE
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla acuerda, en auto de 14 de julio de 2025, elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial con cuatro preguntas que cuestionan directamente la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional. El tribunal sevillano duda de la compatibilidad de las sentencias del TC con el Derecho de la UE y con el principio de primacía del Derecho europeo, y advierte de un riesgo sistémico de impunidad. Como consecuencia, suspende la ejecución de los mandatos del TC respecto a los condenados afectados hasta recibir respuesta del TJUE. Esta decisión afecta al conjunto del macrocaso ERE y al contexto jurídico en que se enmarcan las piezas separadas, incluida la de Yogures Andaluces.