Caso ERE - Sobrecomisiones de Seguros - PSOE

El caso de las sobrecomisiones de seguros en los ERE de Andalucía constituye una de las piezas fundamentales del macrocaso de los ERE, la mayor trama de corrupción política descubierta en España. Esta investigación específica se centra en las comisiones irregulares cobradas por intermediarios en las pólizas de seguros contratadas para los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010.

La trama consistía en el cobro de comisiones muy superiores a las habituales del mercado (sobrecomisiones) en las pólizas de seguros que la Junta de Andalucía contrataba para los trabajadores acogidos a los ERE fraudulentos. Estas sobrecomisiones alcanzaban hasta el 70% del importe de las pólizas, cuando lo normal en el mercado es entre el 3% y el 5%. El dinero de estas comisiones irregulares se repartía entre intermediarios, agentes de seguros y, presuntamente, responsables políticos y funcionarios que facilitaban la adjudicación de estos contratos.

El sistema funcionaba de la siguiente manera: la Junta de Andalucía concedía ayudas sociolaborales a empresas en crisis para financiar prejubilaciones y ERE. Parte de ese dinero público se destinaba a contratar seguros privados para complementar las prestaciones de los trabajadores. Sin embargo, en lugar de seguir procedimientos de contratación transparentes, se adjudicaban estas pólizas de forma irregular a empresas intermediarias que cobraban comisiones desproporcionadas. Según la investigación judicial, entre 2001 y 2010 se pagaron más de 20 millones de euros en sobrecomisiones irregulares.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que este sistema formaba parte de una estructura de corrupción más amplia que permitió el desvío de hasta 680 millones de euros de fondos públicos andaluces destinados a políticas de empleo. El caso salió a la luz en 2011 gracias a las investigaciones periodísticas y a las denuncias del Partido Popular en Andalucía, que alertaron sobre las irregularidades en la gestión de los fondos de ayudas laborales.

En noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia condenando a los principales responsables políticos de la Junta de Andalucía por malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre los condenados se encuentran dos expresidentes de la Junta de Andalucía: José Antonio Griñán, condenado a 6 años de prisión, y Manuel Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación. También fueron condenados varios ex consejeros y altos funcionarios de la administración andaluza.

El Tribunal Supremo confirmó parcialmente estas condenas en julio de 2022, aunque redujo algunas penas y absolvió a varios acusados. El caso ha tenido un enorme impacto político en Andalucía, contribuyendo a la pérdida de la mayoría absoluta del PSOE en 2015 y al cambio de gobierno autonómico en 2018, cuando por primera vez en la historia democrática de Andalucía el PSOE pasó a la oposición.