ERE/Río Grande - PSOE

El caso ERE/Río Grande es una pieza separada del macrocaso de los ERE de Andalucía que investiga el desvío de 1,53 millones de euros en fondos públicos destinados a un expediente de regulación de empleo fraudulento del restaurante Río Grande, situado en la emblemática calle Betis de Sevilla. En 2005, la propietaria del restaurante, María del Carmen García, solicitó ayudas públicas para financiar las indemnizaciones por despido de 12 empleados, a pesar de que la empresa acababa de cerrar 2004 con más de 1,2 millones de euros en beneficios y no atravesaba ninguna crisis económica real.

La trama funcionaba mediante un sistema irregular de "pagos cruzados" gestionado por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero. El exsindicalista de UGT Juan Lanzas actuó como intermediario entre la empresaria y los altos cargos de la Junta socialista, utilizando su empresa Atrado para facturar y canalizar fondos públicos. La consultora Vitalia, dirigida por Antonio Albarracín, se encargó de tramitar las pólizas del ERE e incluyó fraudulentamente a Carmen Fontela, una persona que nunca había trabajado en el restaurante, quien cobró 155.605 euros. La Junta de Andalucía asumió el 90,7% del coste total de las indemnizaciones sin que constaran estudios económicos que avalaran la necesidad del ERE.

El caso se encuentra actualmente en fase de juicio oral ante la Audiencia de Sevilla, iniciado en junio de 2025, tras la apertura de juicio oral dictada por el juez José Ignacio Vilaplana en octubre de 2021. La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado sus peticiones iniciales de 7 años a 3 años de prisión para la mayoría de los acusados, y solicita la devolución de 1.531.299,51 euros a la Junta de Andalucía por los daños causados. El caso forma parte del mayor escándalo de corrupción política de la democracia española, que implicó el desvío de al menos 679 millones de euros durante la gestión del PSOE en Andalucía entre 2000 y 2009.