ERE fraudulento de Pickman La Cartuja - PSOE

El caso ERE de Pickman La Cartuja constituye una de las piezas separadas del macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Entre 2003 y 2010, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, concedió ayudas irregulares por valor de 11.421.933,37 euros a la histórica fábrica de loza y porcelana Pickman La Cartuja de Sevilla, realizándose pagos efectivos por 8.868.914,09 euros, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" según la Fiscalía Anticorrupción. Estas ayudas se enmarcaban supuestamente en un Expediente de Regulación de Empleo para la empresa cerámica situada en la Isla de la Cartuja de Sevilla.

La trama operaba mediante un sistema diseñado para eludir los controles administrativos y fiscales. El director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, autorizó el 27 de mayo de 2003 el pago urgente de estas ayudas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), tras una reunión celebrada el 26 de marzo de 2003 con representantes de los trabajadores y los sindicatos UGT y CCOO, cargándolas a la partida presupuestaria 31L. De forma irregular, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera Chacón fragmentó una subvención de 1,8 millones de euros destinada a Pickman en tres pagos separados (625.000 euros en 2004, 600.000 euros en 2005 y 575.000 euros en 2006) con el fin de evitar que la ayuda superara el umbral de 1,2 millones de euros que requería la ratificación del Consejo de Gobierno de la Junta, eludiendo así los controles legalmente establecidos.

La investigación reveló además un sistema de "pagos cruzados" mediante el cual fondos inicialmente asignados para cubrir una póliza específica eran aplicados por la Junta de Andalucía para pagar una póliza diferente de la misma o distinta empresa. Por ejemplo, el 31 de marzo de 2006, por orden de Guerrero, se desviaron 450.000 euros destinados a la Faja Pirítica para cubrir la póliza de Pickman. Los pagos se realizaban mediante transferencias directas a cuentas de sindicatos como UGT, aunque según la Fiscalía "ni uno ni otro tenían relación alguna con la finalidad de la ayuda, que era el coste del mantenimiento de las instalaciones". Además, se detectó que cinco personas fueron incluidas como beneficiarias de las ayudas sin cumplir los requisitos legales, siendo posteriormente excluidas mediante el Decreto 4/2012.

En noviembre de 2018, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de varios exaltos cargos de la Junta y empresarios en relación con estas ayudas. El 22 de noviembre de 2018, la jueza María Núñez Bolaños, que había asumido la instrucción del macrocaso ERE tras la jueza Mercedes Alaya, dictó auto imputando al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y al exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río. En abril de 2019, citó a declarar como investigados a nueve personas, incluyendo al exdiputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, al expresidente de la mediadora de seguros Uniter José González Mata, y a los exdirigentes sindicales de CCOO Juan Antonio Florido y José Hurtado Quirós. La magistrada excluyó de esta pieza a cinco exaltos cargos ya juzgados en la pieza principal del caso ERE para evitar vulnerar el principio non bis in idem: los exdirectores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. Este caso forma parte del entramado de corrupción que supuso la malversación de casi 680 millones de euros de fondos públicos en Andalucía.