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ERE fraudulento de Pickman La Cartuja - PSOE

Iniciado: Mayo de 2003
Sevilla, Andalucía

Descripción del caso

El caso ERE de Pickman La Cartuja constituye una de las piezas separadas del macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Entre 2003 y 2010, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, concedió ayudas irregulares por valor de 11.421.933,37 euros a la histórica fábrica de loza y porcelana Pickman La Cartuja de Sevilla, realizándose pagos efectivos por 8.868.914,09 euros, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" según la Fiscalía Anticorrupción. Estas ayudas se enmarcaban supuestamente en un Expediente de Regulación de Empleo para la empresa cerámica situada en la Isla de la Cartuja de Sevilla.

La trama operaba mediante un sistema diseñado para eludir los controles administrativos y fiscales. El director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, autorizó el 27 de mayo de 2003 el pago urgente de estas ayudas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), cargándolas a la partida presupuestaria 31L. De forma irregular, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera Chacón fragmentó una subvención de 1,8 millones de euros destinada a Pickman en tres pagos separados (625.000 euros en 2004, 600.000 euros en 2005 y 575.000 euros en 2006) para eludir la ratificación del Consejo de Gobierno exigida por la ley para ayudas superiores a 1,2 millones de euros. Además se detectaron "pagos cruzados" mediante los cuales fondos asignados a una póliza de otra empresa eran aplicados para cubrir la póliza de Pickman, y cinco personas fueron incluidas como beneficiarias sin cumplir los requisitos legales.

En 2018, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de exaltos cargos y sindicalistas, y la jueza María Núñez Bolaños dictó auto imputando al exdelegado de Empleo Antonio Rivas y al exjefe del gabinete jurídico Francisco del Río. En 2019 se citó a declarar a nueve investigados adicionales. En enero de 2026, el juez José Ignacio Vilaplana abrió una pieza separada adicional para investigar el aval de 1,3 millones de euros concedido por la Agencia IDEA a Pickman en noviembre de 2005, citando como investigados a 21 personas, entre ellas el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo Serrano —ya condenado en la pieza principal— y el diputado del PSOE en el Parlamento andaluz Gaspar Llanes Llanes, exsecretario general de Economía de la Junta. La instrucción fue prorrogada hasta junio de 2026.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
10,2 millones €

Implicados

José Antonio Viera Chacón
Exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía (2000-2004)
Francisco Javier Guerrero
Director General de Trabajo de la Junta (1999-2008)
Francisco Vallejo Serrano
Exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía (2004-2009)
Gaspar Llanes Llanes
Diputado del PSOE en el Parlamento andaluz; exsecretario general de Economía de la Junta
Antonio Rivas
Exdelegado de Empleo en Sevilla
Francisco del Río
Exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía
Ramón Díaz Alcaraz
Exdiputado andaluz del PSOE y asesor de la Consejería de Empleo
Francisco José Oyonarte Molina
Exsecretario general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)
José González Mata
Presidente de la mediadora de seguros Uniter
Juan Antonio Florido
Exdirigente de CCOO en Andalucía
José Hurtado Quirós
Exsecretario general de Fiteqa-CCOO
Emilio Portes
Representante y propietario de Pickman La Cartuja
Juan Márquez Contreras
Exdirector General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta
Antonio Fernández García
Exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía
Agustín Barberá
Exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía

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Documentos relevantes

Cronología

Marzo de 2003
Reunión de Javier Guerrero con sindicatos para ERE de Pickman
El director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, celebra una reunión con representantes de los trabajadores de Pickman La Cartuja y los sindicatos UGT y CCOO para tratar el Expediente de Regulación de Empleo de la empresa cerámica sevillana. Esta reunión serviría de base para la posterior autorización irregular de las ayudas públicas a la empresa.
Mayo de 2003
Guerrero autoriza pago urgente de ayudas a Pickman por la partida 31L
El director de Trabajo Javier Guerrero autoriza al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) a realizar el pago urgente de las ayudas concedidas a Pickman La Cartuja, cargándolas a la partida presupuestaria 31L. Según la Fiscalía, los pagos se realizarían de forma irregular a una cuenta de UGT, aunque 'ni uno ni otro tenían relación alguna con la finalidad de la ayuda, que era el coste del mantenimiento de las instalaciones'. Esta autorización marca el inicio del flujo irregular de fondos públicos hacia la empresa.
Diciembre de 2003
Acuerdo de colaboración entre Viera y Pickman por 1,8 millones
El consejero de Empleo José Antonio Viera Chacón firma un acuerdo de colaboración con Emilio Portes, representante de Pickman La Cartuja, comprometiéndose la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico a conceder a la empresa 1,8 millones de euros para la adaptación de instalaciones y equipamientos. Sin embargo, este importe se fragmentaría deliberadamente en tres pagos (625.000 euros en 2004, 600.000 euros en 2005 y 575.000 euros en 2006) para eludir la ratificación del Consejo de Gobierno que exigía la ley para ayudas superiores a 1,2 millones de euros.
Noviembre de 2005
La Agencia IDEA concede un aval irregular de 1,3 millones a Pickman
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) aprueba un aval por importe de 1.300.000 euros a favor de Pickman La Cartuja S.A. para respaldar un préstamo de 1.625.000 euros concedido por Caja San Fernando, con una duración de 10 años y una comisión anual del 1,5%. El exconsejero Francisco Vallejo Serrano presidía el Consejo Rector de la Agencia IDEA en calidad de consejero, y Gaspar Llanes era vocal del mismo. Según la investigación judicial posterior, el aval fue concedido sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.
Marzo de 2006
Pago cruzado de 450.000 euros desde Faja Pirítica a Pickman
Por orden de Francisco Javier Guerrero, se produce un 'pago cruzado' irregular mediante el cual 450.000 euros inicialmente destinados a la Faja Pirítica son desviados para cubrir la póliza de Pickman La Cartuja. Este sistema de pagos cruzados era habitual en la trama de los ERE, permitiendo a la Junta aplicar fondos asignados a una póliza específica para pagar una póliza diferente de la misma o distinta empresa, eludiendo así los mecanismos de control y trazabilidad de los fondos públicos.
Enero de 2011
La jueza Mercedes Alaya inicia la instrucción del macrocaso ERE
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abre las Diligencias Previas 174/2011 que investigarían el macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. La investigación comenzó tras detectarse irregularidades en los expedientes de regulación de empleo tramitados en la empresa pública Mercasevilla, y posteriormente se extendería a cientos de empresas, incluida Pickman La Cartuja, constituyéndose en uno de los mayores casos de corrupción de Europa por el volumen defraudado (casi 680 millones de euros).
Noviembre de 2018
Fiscalía Anticorrupción solicita imputación de exaltos cargos por Pickman
La Fiscalía Anticorrupción solicita la imputación de varios exaltos cargos de la Junta de Andalucía, empresarios y sindicalistas en relación con las ayudas irregulares concedidas a Pickman La Cartuja entre 2003 y 2010 por un importe total de 11.421.933,37 euros. La Fiscalía denuncia que los pagos, que ascendieron a 8.868.914,09 euros, se realizaron 'prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido', incluyendo la detección de cinco personas incluidas como beneficiarias sin cumplir los requisitos legales.
Noviembre de 2018
Jueza Núñez Bolaños imputa a Antonio Rivas y Francisco del Río
La jueza María Núñez Bolaños, que instruyó el macrocaso ERE tras Mercedes Alaya, dicta auto de imputación en la pieza separada de Pickman La Cartuja contra el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río. La magistrada excluye a cinco exaltos cargos (Guerrero, Márquez, Barberá, Viera y Fernández) para evitar el doble enjuiciamiento, aplicando el principio non bis in idem al estar ya siendo juzgados en la pieza principal.
Abril de 2019
Citación de nueve investigados a declarar por el caso Pickman
La jueza María Núñez Bolaños cita a declarar como investigados a nueve personas en la pieza separada del ERE de Pickman La Cartuja. Entre los citados figuran el exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, el exsecretario general del IFA Francisco José Oyonarte, el presidente de la mediadora Uniter José González Mata, y los exdirigentes de CCOO Juan Antonio Florido y José Hurtado Quirós. Las citaciones se enmarcan en la investigación de las ayudas irregulares por 8,8 millones de euros concedidas entre 2003 y 2010.
Octubre de 2020
Fallece Francisco Javier Guerrero, cerebro de la trama ERE
Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2008 y considerado el cerebro operativo de la trama de los ERE, fallece de un infarto en su domicilio de Sevilla. Guerrero había sido condenado en la pieza principal a 6 años de prisión y tenía pendientes más de 20 juicios por piezas separadas, incluida la de Pickman La Cartuja. Fue él quien autorizó los pagos urgentes a Pickman en 2003 y quien ordenó los pagos cruzados irregulares. Su responsabilidad penal quedó extinguida por fallecimiento.
Enero de 2026
El juez Vilaplana cita a 21 investigados por el aval de 1,3 millones de la Agencia IDEA a Pickman
El juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dicta auto citando a declarar como investigados a 21 personas en una nueva pieza separada del caso ERE referida al aval de 1.300.000 euros concedido por la Agencia IDEA a Pickman La Cartuja en noviembre de 2005. Entre los investigados figuran el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo Serrano —ya condenado a 7 años en la pieza principal— y el diputado en activo del PSOE en el Parlamento andaluz Gaspar Llanes Llanes, exsecretario general de Economía de la Junta. El juez investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, y amplía el plazo de instrucción seis meses hasta el 21 de junio de 2026. Respecto a Llanes, el magistrado decidió continuar las diligencias antes de elevar la causa al TSJA por su condición de aforado parlamentario.