ERE fraudulento de Pickman La Cartuja - PSOE
Descripción del caso
El caso ERE de Pickman La Cartuja constituye una de las piezas separadas del macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Entre 2003 y 2010, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, concedió ayudas irregulares por valor de 11.421.933,37 euros a la histórica fábrica de loza y porcelana Pickman La Cartuja de Sevilla, realizándose pagos efectivos por 8.868.914,09 euros, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" según la Fiscalía Anticorrupción. Estas ayudas se enmarcaban supuestamente en un Expediente de Regulación de Empleo para la empresa cerámica situada en la Isla de la Cartuja de Sevilla.
La trama operaba mediante un sistema diseñado para eludir los controles administrativos y fiscales. El director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, autorizó el 27 de mayo de 2003 el pago urgente de estas ayudas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), cargándolas a la partida presupuestaria 31L. De forma irregular, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera Chacón fragmentó una subvención de 1,8 millones de euros destinada a Pickman en tres pagos separados (625.000 euros en 2004, 600.000 euros en 2005 y 575.000 euros en 2006) para eludir la ratificación del Consejo de Gobierno exigida por la ley para ayudas superiores a 1,2 millones de euros. Además se detectaron "pagos cruzados" mediante los cuales fondos asignados a una póliza de otra empresa eran aplicados para cubrir la póliza de Pickman, y cinco personas fueron incluidas como beneficiarias sin cumplir los requisitos legales.
En 2018, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de exaltos cargos y sindicalistas, y la jueza María Núñez Bolaños dictó auto imputando al exdelegado de Empleo Antonio Rivas y al exjefe del gabinete jurídico Francisco del Río. En 2019 se citó a declarar a nueve investigados adicionales. En enero de 2026, el juez José Ignacio Vilaplana abrió una pieza separada adicional para investigar el aval de 1,3 millones de euros concedido por la Agencia IDEA a Pickman en noviembre de 2005, citando como investigados a 21 personas, entre ellas el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo Serrano —ya condenado en la pieza principal— y el diputado del PSOE en el Parlamento andaluz Gaspar Llanes Llanes, exsecretario general de Economía de la Junta. La instrucción fue prorrogada hasta junio de 2026.
Resumen
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