Caso ERE/Nexprom - PSOE
Descripción del caso
El caso ERE/Nexprom es una pieza separada del macrocaso de los ERE de Andalucía que investiga las ayudas sociolaborales de 8,3 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió para tres expedientes de regulación de empleo tramitados en 2004 en la empresa Nexprom S.A., propietaria de los hoteles Sol Don Pedro y Sol Don Pablo en Torremolinos (Málaga). La pieza fue abierta por la juez María Núñez Bolaños en el marco de la investigación más amplia sobre el desvío de fondos públicos destinados a ERE, e incluye como investigados a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Daniel Alberto Rivera, así como al director general de los hoteles Ángel Quesada del Valle.
La investigación se centra en posibles irregularidades en la concesión de ayudas públicas. La Guardia Civil detectó indicios de "pagos cruzados" por importe de 250.000 euros realizados por la aseguradora Vitalicio Seguros a favor de Nexprom, y presuntos pagos de 389.000 euros al testaferro de la trama Juan Francisco Algarín Lamela mediante facturas falsas por obras y pintura con comisiones que superaban la media del mercado. El juez acordó continuar el procedimiento también contra las entidades Vitalia y Holding Europeo Tindex como responsables civiles subsidiarios. En septiembre de 2017, el juzgado instó a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas a solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. El principal investigado, Guerrero, falleció en octubre de 2020, lo que determinó el archivo de la causa respecto a su persona.
El caso forma parte del macrocaso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción institucional en la historia de la democracia española, que involucró el desvío de al menos 679 millones de euros de fondos públicos entre 2000 y 2010 bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La pieza política del macrocaso fue condenada en 2019 y ratificada por el Tribunal Supremo en 2022, pero el Tribunal Constitucional anuló parcialmente las condenas en julio de 2024, generando un conflicto institucional que llevó a la Audiencia de Sevilla a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La pieza Nexprom continúa pendiente de resolución en este contexto de incertidumbre jurídica.
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