ERE fraudulento de Mac Puar/TAMC - PSOE

El caso ERE de Mac Puar/TAMC constituye una de las piezas separadas del macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, concedió ayudas irregulares por valor de 4,29 millones de euros para financiar indemnizaciones por despido de supuestamente 27 trabajadores de la empresa Tecnología Andaluza de Mecanizados y Componentes SLL (TAMC) tras su adquisición por el grupo industrial Mac Puar en 2002. Según el informe de la Guardia Civil, fue la propia Administración andaluza la que propuso al grupo Mac Puar la compra de TAMC por la "amistad" existente entre Gonzalo de Madariaga, presidente de Mac Puar, y el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, aficionados ambos a la caza mayor. La investigación judicial reveló además que entre los beneficiarios se incluyó indebidamente a Jorge Germán Mogollón, ya pensionista con incapacidad permanente total desde el 3 de abril de 2003, es decir, un año antes de que se presentara el Expediente de Regulación de Empleo.

La magistrada María Núñez Bolaños, instructora de las piezas separadas del macrocaso ERE, dictó auto el 20 de febrero de 2018 en el que citó a declarar como imputados a 11 personas relacionadas con la concesión y gestión de las ayudas. Entre los citados figuraban los responsables del grupo Mac Puar (Gonzalo de Madariaga, Romualdo de Madariaga e Isabel Ríos Villegas), el ex delegado provincial de Empleo de Sevilla Antonio Rivas Sánchez, y varios representantes sindicales de UGT y CCOO. La jueza aplicó la doctrina de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y decidió no imputar a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, ni a otros altos cargos ya procesados en la pieza principal, al considerar que no podían ser acusados dos veces por los mismos hechos. En 2019, la jueza Bolaños acordó el sobreseimiento y archivo del procedimiento respecto a los empresarios de Mac Puar, resolución que la Fiscalía Anticorrupción recurrió ante la Audiencia Provincial.

El 10 de julio de 2020, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó el sobreseimiento y archivó definitivamente la causa contra los empresarios del grupo Mac Puar. El tribunal concluyó que "no puede inferirse que supieran de irregularidades en las ayudas" otorgadas, señalando que fueron los propios trabajadores y delegados sindicales quienes solicitaron y gestionaron los ERE ante la Dirección General de Trabajo. El caso forma parte del entramado de corrupción sistémica en la Junta de Andalucía, donde se malversaron cerca de 680 millones de euros en fondos públicos destinados supuestamente a políticas de empleo mediante un sistema opaco de concesión de ayudas sin los controles legales y presupuestarios preceptivos.