ERE fraudulento de Mac Puar/TAMC - PSOE

El caso ERE de Mac Puar/TAMC constituye una de las piezas separadas del macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, concedió ayudas irregulares por valor de 4,29 millones de euros para financiar indemnizaciones por despido de supuestamente 27 trabajadores de la empresa Tecnología Andaluza de Mecanizados y Componentes SLL (TAMC) tras su adquisición por el grupo industrial Mac Puar en 2002. Sin embargo, la investigación judicial reveló que entre los beneficiarios se incluyó de forma indebida a Jorge Germán Mogollón, quien ya era pensionista con incapacidad permanente total reconocida desde el 3 de abril de 2003, es decir, un año antes de que se presentara el Expediente de Regulación de Empleo.

Según el informe de la Guardia Civil incorporado a la investigación judicial, fue la propia Administración andaluza la que propuso al grupo Mac Puar la compra de TAMC debido a la "amistad" existente entre Gonzalo de Madariaga, presidente de Mac Puar, y altos cargos de la administración regional, específicamente con el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, quien ocupó dicho cargo entre 2000 y 2004. Este tipo de relaciones personales facilitó la concesión de ayudas públicas sin los controles administrativos necesarios, permitiendo que fondos del presupuesto autonómico se utilizaran irregularmente para financiar prejubilaciones que incluían a personas que no cumplían los requisitos legales.

El caso fue instruido por la magistrada María Núñez Bolaños, quien en auto de 20 de febrero de 2018 citó a declarar como imputados a 11 personas relacionadas con la concesión y gestión de las ayudas. Entre ellos se encontraban los responsables del grupo Mac Puar (Gonzalo de Madariaga, Romualdo de Madariaga e Isabel Ríos Villegas), el ex delegado provincial de Empleo de Sevilla Antonio Rivas Sánchez, y varios representantes sindicales (Ramón Díaz Alcaraz de UGT/PSOE, Enrique Manuel Jiménez de CCOO, y los delegados sindicales Manuel Martín Ojeda y Antonio González Barrero). Significativamente, la jueza decidió no imputar a los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, ni al exviceconsejero Agustín Barberá, ni al exdirector general de Trabajo Juan Márquez, aplicando la doctrina de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que estableció que quienes ya habían sido procesados en la pieza principal del caso ERE por el procedimiento general de concesión de ayudas no podían ser acusados nuevamente en las piezas separadas.

Este caso forma parte del entramado de corrupción sistémica que operó durante más de una década en la Junta de Andalucía, donde se malversaron cerca de 680 millones de euros de fondos públicos destinados supuestamente a políticas de empleo. La trama utilizaba un sistema opaco de concesión de ayudas mediante el cual se financiaban prejubilaciones, seguros colectivos y ayudas a empresas sin los controles legales y presupuestarios preceptivos, beneficiando a empresas amigas y a personas vinculadas al PSOE.