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ERE/Heineken España - PSOE

Iniciado: Enero de 2004
Sevilla, Andalucía

Descripción del caso

La pieza separada del caso ERE por las ayudas a Heineken España investigó la concesión irregular de 16.484.159,60 euros otorgados por la Junta de Andalucía a Heineken España S.A. entre 2004 y 2008. Estas ayudas, destinadas supuestamente a un ERE que afectó a 223 trabajadores, formaban parte del macrocaso de corrupción de los ERE andaluces, considerado el mayor caso de corrupción política de España por su cuantía y número de implicados.

La investigación se centró en presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El presidente de Heineken España, Richard Weissend, y la directora de Recursos Humanos, Amalia Rodríguez Dacal, fueron investigados como responsables de la empresa beneficiaria. El juez reconoció la existencia de "indicios solventes y racionales de criminalidad" que apuntaban a irregularidades en la concesión y gestión de estas ayudas públicas.

En octubre de 2022, la Audiencia Provincial de Sevilla estimó un recurso de apelación de los investigados, determinando que el plazo de instrucción se había ampliado de forma extemporánea mediante auto del 16 de octubre de 2017. Como consecuencia, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en diciembre de 2022, dejando abierta la posibilidad de que la Junta de Andalucía ejercitara acciones civiles para reclamar los 16,4 millones de euros.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
16,4 millones €

Implicados

Richard Weissend
Presidente de Heineken España
Amalia Rodríguez Dacal
Directora de Recursos Humanos de Heineken España

Documentos relevantes

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Cronología

Enero de 2004
Inicio del período de concesión de ayudas a Heineken
La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, comienza a conceder ayudas públicas a Heineken España S.A. destinadas supuestamente a un ERE que afectaría a 223 trabajadores. Estas ayudas se enmarcan en el sistema irregular de concesión de fondos públicos del caso ERE andaluz.
Diciembre de 2008
Fin del período de concesión de ayudas
Finaliza el período durante el cual la Junta de Andalucía concedió ayudas públicas a Heineken España, totalizando 16.484.159,60 euros. El caso forma parte de un fraude sistemático en el que se desviaron al menos 679 millones de euros de dinero público para beneficiar a empresas, trabajadores y organizaciones afines al PSOE.
Abril de 2017
Apertura de la pieza separada
Se abre oficialmente la investigación judicial de la pieza separada del caso ERE centrada en las ayudas concedidas a Heineken España. El plazo inicial de instrucción es de seis meses, que debía expirar en octubre de 2017.
Octubre de 2017
Ampliación extemporánea del plazo de instrucción
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla amplía el plazo de investigación declarando la complejidad de la causa, apenas diez días después de expirar el plazo inicial de seis meses. Este auto será posteriormente considerado extemporáneo por la Audiencia Provincial, invalidando toda la investigación posterior.
Noviembre de 2017
Comparecencia de investigados de Heineken
Richard Weissend, presidente de Heineken España, y Amalia Rodríguez Dacal, directora de Recursos Humanos, comparecen ante el juez en calidad de investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Octubre de 2022
Audiencia Provincial estima recurso de los investigados
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla estima el recurso de apelación presentado por la defensa de los dos investigados de Heineken, considerando que el plazo de instrucción se habría ampliado de forma extemporánea. La resolución determina que toda la investigación policial y judicial posterior al plazo inicial queda inservible.
Diciembre de 2022
Archivo definitivo de la causa
El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza separada. En su resolución, el juez reconoce la existencia de 'indicios solventes y racionales de criminalidad', pero concluye que debe archivarse por el defecto procesal. Deja abierta la posibilidad de que la Junta de Andalucía ejercite acciones civiles para reclamar los 16,4 millones de euros.