ERE/Guerrero y Trujillo - PSOE

Pieza separada del macrocaso de los ERE de Andalucía que investiga la concesión fraudulenta de 1,47 millones de euros en subvenciones públicas a empresas controladas por Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. La trama se desarrolló entre 2003 y 2008, cuando Guerrero ostentaba altos cargos en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE. Las subvenciones se concedieron sin tramitación administrativa alguna a tres sociedades mercantiles: Lógica Estratégica Empresarial, Iniciativas Turísticas Sierra Morena —propiedad de Trujillo— y Ave Nueva S.L., empresa vinculada a un tercero, Isidoro Ruz Espigares, que presentó un proyecto ficticio de granja avícola.

El caso reveló que Guerrero ordenó a su chófer destinar los fondos al consumo personal de cocaína —hasta cinco gramos diarios cada uno— y al pago de regalos, fiestas en discotecas y restaurantes de lujo. Trujillo actuaba como "caja pagadora" de su superior, entregándole entre 40.000 y 60.000 euros en efectivo además de sufragar sus gastos de ocio. El propio Trujillo llegó a gastar 25.000 euros mensuales en estupefacientes y en un momento dado propuso a su camello habitual desplazarse a Sudamérica a adquirir cocaína directamente con dinero público, oferta que el traficante rechazó. Los fondos procedían de la partida presupuestaria 31L, conocida internamente como "fondo de reptiles", gestionada de forma discrecional y sin controles por Guerrero.

La instrucción de la pieza separada corrió a cargo de la jueza Mercedes Alaya y posteriormente de María Núñez Bolaños, quien en 2017 ordenó la apertura de juicio oral. El proceso sufrió sucesivos retrasos —cuatro jueces cambiaron de destino o se jubilaron antes del juicio— y Trujillo llegó a estar en paradero desconocido en 2022 semanas antes de la vista. El juicio oral se celebró finalmente en enero de 2024. La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Trujillo en febrero de 2024 a 4 años y 9 meses de prisión por prevaricación y malversación, siendo absuelto del delito de tráfico de influencias. Francisco Javier Guerrero, principal responsable de la trama, había fallecido el 11 de octubre de 2020 mientras aguardaba juicio por esta pieza, tras haber sido condenado a 7 años y 11 meses en la pieza política principal.