ERE/Franja Pirítica - PSOE

El caso ERE/Franja Pirítica es una pieza separada del macrocaso de los ERE de Andalucía que investiga las irregularidades en las ayudas sociolaborales y prejubilaciones concedidas a trabajadores de la minería de la Faja Pirítica de Huelva entre 2003 y 2010. La Guardia Civil detectó que 334 de los 1.169 beneficiarios (casi un tercio) eran "intrusos" que no reunían los requisitos legales para recibir estas ayudas, incluyendo personas que nunca habían trabajado en las minas.

El sistema fraudulento operaba mediante la inclusión de falsos trabajadores en las pólizas de prejubilación, la asignación de coeficientes reductores falseados para el cálculo de la "edad química" de los mineros (incrementando artificialmente el número de beneficiarios), y el uso irregular de fondos públicos destinados a la Faja Pirítica para cubrir otras operaciones. Por ejemplo, se detectaron "pagos cruzados" donde 450.000 euros destinados a la Faja Pirítica se utilizaron para cubrir la póliza de otra empresa (Pickman) en marzo de 2006. La Administración autonómica se comprometió a abonar a las aseguradoras más de 138,23 millones de euros, con pagos acreditados de al menos 130,84 millones entre septiembre de 2003 y finales de 2010.

La investigación judicial afecta a 25 personas por presunto delito de malversación, incluyendo seis altos cargos de la Junta de Andalucía, dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar, once sindicalistas, dos mediadores de seguros y cinco trabajadores presuntos intrusos. Las minerías investigadas son Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis (Bolsa de Tharsis e Insersa) y Minas Río Tinto. A pesar de las advertencias del Defensor del Pueblo Andaluz desde 2003 y los informes de la Intervención General de 2005, 2006 y 2007 que ponían serios reparos al procedimiento, los responsables políticos no actuaron para detener el fraude.