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ERE/Empresa ABB - PSOE

Iniciado: Julio de 2018
Sevilla, Andalucía

Descripción del caso

El caso ERE/Empresa ABB es una pieza separada del macrocaso de los ERE de Andalucía que investiga las ayudas sociolaborales irregulares concedidas a trabajadores de la empresa ABB S.A. Entre los beneficiarios de estas ayudas destinadas a 22 trabajadores reales afectados por un expediente de regulación de empleo, se incluyeron de forma arbitraria dos personas ajenas a la empresa, conocidos como "intrusos", que cobraron indebidamente fondos públicos sin tener derecho a ellos.

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, aprovechó el expediente de ayudas a ABB S.A. para incluir arbitrariamente a su amigo Joaquín Lorenzo Llamazares mediante un documento grapado al listado oficial de trabajadores. Lorenzo recibió 77.942,95 euros, la cantidad más alta del listado, sin haber sido trabajador de ABB ni tener derecho a las ayudas. También se benefició irregularmente José Manuel Casado Sánchez, trabajador y presidente del comité de empresa de ABB S.A.

La investigación forma parte del entramado más amplio del caso ERE, considerado el mayor escándalo de corrupción política de España, donde se defraudaron al menos 679 millones de euros. La juez María Núñez Bolaños acordó en julio de 2018 la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación y malversación. En 2012, Lorenzo recibió notificación de la Consejería de Empleo reclamándole la devolución de 77.711,66 euros, de los cuales hasta la fecha del auto había devuelto solo 21.000 euros.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
77.942 €

Implicados

Francisco Javier Guerrero Benítez
Exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía
Joaquín Lorenzo Llamazares
Particular sin relación con ABB S.A.
José Manuel Casado Sánchez
Trabajador y presidente del comité de empresa de ABB S.A.
Antonio Albarracín
Exdirectivo de la mediadora Vitalia
Jesús Bordallo
Exdirectivo de la mediadora Vitalia

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Cronología

Julio de 2018
Auto de procesamiento por la juez María Núñez Bolaños
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado contra Francisco Javier Guerrero, Joaquín Lorenzo Llamazares y José Manuel Casado Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y malversación. El auto documenta cómo Guerrero incluyó arbitrariamente a Lorenzo en el listado de beneficiarios mediante un documento grapado sin sellar ni firmar. Asimismo, se acuerda el sobreseimiento provisional respecto de Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, exdirectivos de la mediadora Vitalia.
Enero de 2012
Reclamación de reintegro a Joaquín Lorenzo
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía notifica a Joaquín Lorenzo Llamazares la reclamación del reintegro de 77.711,66 euros a la Tesorería General de la Junta. Esta cantidad corresponde a las ayudas sociolaborales que cobró indebidamente al ser incluido como intruso en el ERE de ABB S.A. Hasta la fecha del auto judicial de 2018, Lorenzo había devuelto únicamente 21.000 euros.
Octubre de 2020
Fallecimiento de Francisco Javier Guerrero
Muere en Sevilla Francisco Javier Guerrero Benítez, principal imputado en el caso de los ERE y procesado en esta pieza del ERE de ABB. Guerrero había sido condenado previamente en el procedimiento principal de los ERE a siete años, once meses y un día de prisión por prevaricación en concurso medial con malversación. Su fallecimiento no afecta a las responsabilidades civiles, y el Tribunal de Cuentas posteriormente reclama a sus herederas el reintegro de fondos defraudados.
Noviembre de 2023
Tribunal de Cuentas reclama 200.000 euros a herederas de Guerrero
El Tribunal de Cuentas emite una resolución reclamando 200.000 euros a las herederas de Francisco Javier Guerrero por responsabilidades derivadas del caso ERE. Esta reclamación se enmarca en el procedimiento de responsabilidad contable para recuperar los fondos públicos defraudados. La herencia de Guerrero se ve afectada por las múltiples responsabilidades civiles derivadas de las tramas de corrupción en las que participó como director general de Trabajo.