ERE fraudulento de Acyco (Aceitunas y Conservas) - PSOE

El caso ERE de Acyco constituye una de las piezas separadas más significativas del macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Entre 2003 y 2009, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, concedió ayudas irregulares por valor de 2,9 millones de euros a la empresa Aceitunas y Conservas SAL (Acyco), situada en Dos Hermanas (Sevilla), para financiar un Expediente de Regulación de Empleo que permitiría la prejubilación de supuestamente 35 trabajadores. Sin embargo, la investigación judicial reveló que entre los beneficiarios se incluyeron al menos dos personas que nunca habían trabajado en Acyco, los denominados "intrusos", que recibieron 223.000 euros de dinero público de forma fraudulenta gracias a su relación personal con Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008.

La trama operaba mediante un sistema diseñado para eludir los controles administrativos y fiscales. La Dirección General de Trabajo, bajo el mando de Juan Márquez y la supervisión del consejero de Empleo Antonio Fernández, firmó un protocolo de colaboración con Acyco el 26 de julio de 2003 por el que la Junta se comprometía a financiar pólizas de seguros por importe de 2.832.482,52 euros en efectivo (y 2.951.413,84 euros en coste diferido) para 36 beneficiarios. En el entramado participaron activamente la presidenta del consejo de Acyco, Encarnación Poto, el abogado del despacho Garrigues José Miguel Caballero que asesoró las operaciones, Gabriel Barrero (apoderado y director de RRHH de Acyco), y representantes de la mediadora de seguros Vitalia (Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo). Los delitos investigados incluyen prevaricación administrativa, falsificación de documentos oficiales y malversación de caudales públicos.

El caso se juzgó entre septiembre y diciembre de 2020 en la Audiencia Provincial de Sevilla, que dictó sentencia el 14 de enero de 2022 condenando inicialmente a Antonio Fernández a 7 años de prisión y a Juan Márquez a 4 años. Sin embargo, el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de noviembre de 2024 absolvió a ambos por el principio non bis in idem (doble enjuiciamiento) al haber sido ya condenados en la pieza principal del caso ERE. La sentencia definitiva del Supremo confirmó las condenas de 4 años de prisión para Encarnación Poto y José Miguel Caballero, 3 años y medio para Gabriel Barrero, 3 años y 9 meses para Antonio Albarracín, y 2 años para Jesús María Bordallo. Los cinco condenados deberán indemnizar conjuntamente a la Junta de Andalucía con 743.158,28 euros. Este caso forma parte del entramado de corrupción que supuso la malversación de casi 680 millones de euros de fondos públicos y que contribuyó decisivamente al fin de la hegemonía del PSOE en Andalucía tras 37 años de gobierno ininterrumpido.