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Externos del Enriquecimiento Personal
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ERE/A-NOVO - PSOE

Iniciado: Enero de 2005
Málaga, Andalucía, España

Descripción del caso

El caso ERE/A-NOVO es una pieza separada del macrocaso de los ERE de Andalucía que investiga ayudas irregulares por casi 36 millones de euros concedidas a la empresa A-Novo Comlink España S.L., con domicilio social en Málaga y dedicada a equipos electrónicos y de telecomunicación. El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por esta multinacional, lo que derivó en la concesión de ayudas millonarias para prejubilaciones de más de 200 antiguos empleados entre 2005 y 2010.

La investigación judicial determinó que las ayudas concedidas "carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad". El director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, concedió 57 ayudas por importe de 30.000 euros cada una el 19 de marzo de 2010, así como cuatro ayudas adicionales por el mismo importe el 27 de octubre de 2010. El juez procesó a siete personas, incluido el exdirector general de Trabajo, un abogado, un responsable de la mediadora Vitalia, y tres directivos y un extrabajador de la empresa A-Novo Comlink.

En febrero de 2025, la Audiencia de Sevilla archivó definitivamente esta pieza tras el amparo concedido por el Tribunal Constitucional a la cúpula política de la trama de los ERE. El tribunal sevillano concluyó que no pueden reputarse como malversadoras ni prevaricadoras las conductas de concesión de ayudas sustentadas en el sistema de presupuestación y transferencias de financiación implantado por las leyes de presupuestos que contemplaban el programa 31L. Este archivo se produce después de que el Constitucional anulara las condenas de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves en el caso ERE principal.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
36 millones €

Implicados

Manuel Chaves González
Expresidente de la Junta de Andalucía (1990-2009)
Daniel Alberto Rivera
Exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta
Javier Guerrero Benitez
Exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía (fallecido)
Gilbert Weill
Presidente de A-Novo Comlink
José F. Pardo
Director del centro de A-Novo en Málaga
José Antonio Albarracín
Directivo de la mediadora Vitalia
Juan Márquez
Exdirector general de Trabajo de la Junta
Miguel Ángel Serrano
Exdirector de IDEA

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Cronología

Enero de 2005
Inicio de la concesión de ayudas irregulares a A-Novo Comlink
La Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía comienza a conceder ayudas sociolaborales a la empresa A-Novo Comlink España S.L., dedicada a equipos electrónicos y de telecomunicación, con domicilio social en Málaga. Estas ayudas se extenderán hasta 2010 sin seguir los procedimientos legalmente establecidos.
Enero de 2007
Manuel Chaves negocia personalmente siete ERE con A-Novo
El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, participa personalmente en la negociación de siete expedientes de regulación de empleo presentados por la empresa malagueña A-Novo. Esta mediación directa del presidente autonómico resulta determinante para la materialización de las ayudas millonarias concedidas posteriormente.
Junio de 2007
Firma del acuerdo entre Javier Guerrero y Gilbert Weill
Menos de dos meses después del encuentro celebrado en Sevilla con trabajadores de A-Novo, el director general que gestionaba el fondo de reptiles, Javier Guerrero, y el presidente de A-Novo, Gilbert Weill, firman el acuerdo por el que la Junta de Andalucía se compromete a aportar 20,13 millones de euros. El montante final terminó superando los 35,25 millones de euros para sufragar el coste de las prejubilaciones de más de 200 antiguos empleados.
Marzo de 2010
Daniel Alberto Rivera concede 57 ayudas de 30.000 euros cada una
El director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, concede 57 ayudas sociolaborales por importe de 30.000 euros cada una destinadas a A-Novo Comlink. Estas ayudas se otorgan sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada, y sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención.
Octubre de 2010
Daniel Alberto Rivera concede cuatro ayudas adicionales
El director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera concede cuatro ayudas adicionales por importe de 30.000 euros cada una a beneficiarios de A-Novo Comlink, completando un total de 61 ayudas irregulares. Entre los beneficiarios destaca José F. Pardo, director del centro de A-Novo en Málaga, que recibió una renta de 1.049.959,37 euros.
Abril de 2022
Procesamiento de siete investigados por ayudas irregulares
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, dicta auto de procesamiento contra siete personas investigadas en la pieza separada del caso ERE centrada en las ayudas a A-Novo Comlink. Entre los procesados se encuentran el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, un abogado, un responsable de la mediadora Vitalia, y tres directivos y un extrabajador de A-Novo. El juez considera que las ayudas carecieron de objeto definido y concreto, y se llevaron a cabo de forma injusta y arbitraria.
Julio de 2024
El Tribunal Constitucional anula condenas de Chaves y Griñán
El Tribunal Constitucional anula las condenas de los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en la pieza política del caso ERE. Esta resolución establece que las conductas de concesión de ayudas sustentadas en el sistema de presupuestación y transferencias de financiación implantado por las leyes de presupuestos no pueden considerarse malversación ni prevaricación, lo que tendrá impacto directo en las piezas separadas pendientes de enjuiciamiento.
Febrero de 2025
La Audiencia de Sevilla archiva definitivamente la pieza A-Novo
La Audiencia Provincial de Sevilla archiva la investigación contra los diez imputados en la pieza separada de A-Novo Comlink, junto con las de Egmasa y Siemens, aplicando el criterio del Tribunal Constitucional. El tribunal sevillano sostiene que las sentencias del TC tienen una incidencia directa y determinante sobre las piezas separadas que no se hayan enjuiciado, concluyendo que no pueden reputarse como malversadoras ni prevaricadoras las conductas sustentadas en el programa presupuestario 31L.