ERE de Andalucía - PSOE
Descripción del caso
El caso de los ERE fraudulentos de Andalucía es el mayor escándalo de corrupción de la historia de España en términos de fondos públicos dilapidados de forma sistemática y deliberada. Durante más de una década, entre 2000 y 2009, los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía presididos sucesivamente por Manuel Chaves y José Antonio Griñán establecieron y mantuvieron un sistema de concesión de ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas en crisis que eludía todos los controles administrativos previstos por la ley. El fraude afectó a 679,43 millones de euros del erario público andaluz distribuidos en más de 300 empresas, generó más de 300 investigados y acabó con condenas firmes a dos expresidentes de la Junta, seis exconsejeros y decenas de altos cargos socialistas.
El sistema operaba mediante una modificación presupuestaria aprobada por primera vez el 18 de abril de 2000 que creó la línea 440.01 —transferencias al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego agencia IDEA) en materia de Relaciones Laborales— para desviar fondos sin fiscalización previa de la Intervención General. Bajo ese mecanismo, el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero gestionó discrecionalmente hasta 647 millones de euros entre 2001 y 2009, concediendo 270 subvenciones a empresas y 617 ayudas sociolaborales sin tramitar ni un solo expediente conforme a derecho. Las ayudas se repartían sin informes técnicos, sin evaluación de viabilidad ni seguimiento posterior y, en numerosos casos, beneficiaban a personas con vínculos políticos con el PSOE o a empresas ya en liquidación. Parte de los fondos se destinó además a pagar las sobrecomisiones de seguros millonarias cobradas por el asesor laboral Juan Lanzas y la empresa Vitalia, lo que dio lugar a una de las piezas separadas del caso.
La investigación judicial la inició en enero de 2011 la jueza Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, después de detectarse irregularidades en los ERE de la empresa pública Mercasevilla. El macrocaso se dividió en decenas de piezas separadas correspondientes a cada empresa beneficiaria fraudulenta, además de la denominada "pieza política" que enjuició a la cúpula político-administrativa responsable del sistema. El juicio de la pieza política, celebrado entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 ante la Audiencia Provincial de Sevilla con 152 sesiones y 21 acusados, concluyó el 19 de noviembre de 2019 con condenas a 19 personas: Griñán a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación; Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricación; y penas de entre 6 y casi 8 años de prisión para los exconsejeros y altos cargos operativos. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia el 13 de septiembre de 2022, pero el Tribunal Constitucional la anuló parcialmente el 16 de julio de 2024 en una polémica resolución adoptada por cinco magistrados progresistas contra cuatro conservadores, que eliminó las condenas de prisión ligadas a los actos presupuestarios y provocó la excarcelación de varios ya encarcelados.
Resumen
Implicados
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