Enchufes Vigo - PSOE
Descripción del caso
El caso Enchufes de Vigo, también conocido como "caso cuñada", destapó una trama de nepotismo y corrupción en el Ayuntamiento de Vigo en la que un alto funcionario municipal diseñó un sistema de contratos menores fraudulentos para pagar un salario ficticio a Vanesa Falque Barral, cuñada de Carmela Silva, entonces teniente de alcalde de Vigo y posteriormente presidenta de la Diputación de Pontevedra y del PSOE gallego. Entre enero de 2008 y julio de 2013, Francisco Javier Gutiérrez Orúe, jefe de servicio del Ayuntamiento de Vigo, promovió la adjudicación directa de nueve contratos menores a la concesionaria municipal Imesapi por un total de 108.147 euros, supuestamente para la realización de encuestas telefónicas de calidad de servicios municipales que nunca se llevaron a cabo.
El modus operandi consistía en fraccionar los contratos para evitar la licitación pública obligatoria y adjudicarlos directamente a Imesapi, cuyo administrador, Ramón Comesaña Alonso, a cambio contrataba a Vanesa Falque. De este modo, las facturas que el Ayuntamiento pagaba a la empresa por trabajos inexistentes servían para financiar el salario de la cuñada de la entonces teniente de alcalde, sin que conste que Falque realizara trabajo alguno. La denuncia fue presentada inicialmente por Carlos González Príncipe, concejal y exalcalde de Vigo por el PSOE, quien alertó tanto a la fiscalía como a la dirección regional del partido. Como respuesta, el PSOE le abrió un expediente disciplinario y lo expulsó del partido en 2015.
La Audiencia Provincial de Pontevedra condenó en febrero de 2019 a Gutiérrez Orúe a 5 años y 3 meses de prisión por prevaricación continuada en concurso medial con malversación de caudales públicos y falsedad documental, y a Ramón Comesaña a 1 año y 6 meses como cooperador necesario. El Tribunal Supremo ratificó las condenas en diciembre de 2021. Ambos condenados fueron también obligados a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Vigo en 108.147 euros. Gutiérrez Orúe solicitó el indulto alegando entre otros motivos su militancia en el PSOE y la UGT, petición que la Fiscalía rechazó. Tras la reforma del Código Penal de 2022 en materia de malversación, la pena le fue reducida de 5 años y 3 meses a 5 años en 2023. Carmela Silva nunca fue investigada judicialmente.
Resumen
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