Caso Eivissa Crea - PSOE
Descripción del caso
El caso Eivissa Crea se originó a partir de una denuncia anónima presentada en junio de 2009 ante la Fiscalía, que acusaba a personas vinculadas al PSOE y al Ayuntamiento de Ibiza (Vila) de participar en una presunta trama para contratar personas y servicios de forma irregular a través del proyecto Eivissa Crea y del vivero municipal de empresas. El proyecto Eivissa Crea fue lanzado en 2004 por el consistorio ibicenco bajo el alcalde Xicu Tarrés para fomentar el emprendimiento, con más de 1,35 millones de euros procedentes de fondos europeos (50%), del Departamento Regional de Trabajo (25%) y del presupuesto municipal (25%). Alfonso Molina, entonces sin cargo público, diseñó el proyecto a través de su empresa Serviconsult Training and Development SL, cuyo objeto social era la prestación de servicios educativos, sin ninguna relación con el diseño de proyectos empresariales o de emprendimiento.
La investigación destapó que diez empresas vinculadas a Alfonso Molina facturaron al Ayuntamiento de Vila un total de 566.000 euros entre 2007 y 2010 a cargo del proyecto Eivissa Crea. Entre las empresas implicadas figuraban Serviconsult Training and Development, Model de Qualitat, Veri Consultoria, Xarxa Sakai, AA Formación SL, Mentor Qualitat SL, Viñas&Molina, Clusters de Formació y Kappa Balear de Formación. El Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) concluyó que Molina presentaba "ofertas ficticias de empresas amigas" e "incrementó de forma ficticia y fraudulenta los costes", llegando a autocomprar libros para cursos de desempleo con sobreprecios superiores al 400%. Los contratos se adjudicaban sin concurso público y las facturas se fraccionaban deliberadamente por debajo de los 12.000 euros para eludir los controles de supervisión. El caso también incluye una rama denominada "Eivissa Crea/Iglesia", relativa al alquiler de un local en el barrio de Cas Serres cedido a una iglesia evangélica (Iglesia Evangélica Filadelfia) por el que el Ayuntamiento pagó el alquiler desde junio de 2008 y presupuestó una reforma de 100.000 euros que nunca se ejecutó.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Ibiza imputó en 2013 a los concejales socialistas Alfonso Molina y Enrique Sánchez, al concejal de Eivissa pel Canvi Vicent Ferrer, al exconseller insular de Política Empresarial Joan Serra Mayans y a un funcionario municipal. El caso fue sobreseído en junio de 2014, pero la Audiencia Provincial de Palma estimó el recurso del Partido Popular en 2015 y reabrió la causa, ordenando diligencias pendientes entre ellas un informe policial solicitado por la Fiscalía desde 2010. En abril de 2018 la Policía Judicial se personó en el Ayuntamiento de Ibiza para recabar expedientes, contratos y decretos, lo que precipitó la dimisión de Molina como teniente de alcalde de Hacienda en mayo de 2018. El SOIB reclamó 27.133,14 euros a Molina por irregularidades en subvenciones de formación. El caso se mantiene en investigación judicial sin que se haya celebrado juicio oral ni se hayan dictado condenas.
Resumen
Implicados
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