Caso Divalterra (Caso Alquería) - PSOE
Iniciado: Noviembre de 2015
Valencia, Comunidad Valenciana
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Descripción del caso
El caso Divalterra, también conocido como caso Alquería, investiga presuntas irregularidades en la contratación de nueve directivos de alta dirección en la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa), dependiente de la Diputación de Valencia, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018. Según la acusación, estos puestos fueron creados de manera ficticia y repartidos entre afines y simpatizantes del PSPV-PSOE y Compromís como parte del reparto de poder del gobierno del Botànic en la Comunidad Valenciana.
La investigación se centró en determinar si las contrataciones se realizaron sin observar los requisitos legales ni estatutarios, sin los preceptivos informes jurídicos y de intervención, y si supusieron un perjuicio de 1,12 millones de euros para las arcas públicas. El caso se destapó tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción presentada en mayo de 2018, basada en información facilitada por dos directivos de Divalterra en febrero de ese año. La Operación Alquería, ejecutada el 27 de junio de 2018 por la UDEF, condujo a la detención del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y registros en las sedes de la Diputación, el Ayuntamiento de Ontinyent y Divalterra.
Tras cinco años de proceso judicial, en mayo de 2023 la Audiencia Provincial de Valencia absolvió a todos los acusados al concluir que no quedó acreditado perjuicio económico para Divalterra y que los contratados desempeñaron trabajo efectivo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó la absolución en diciembre de 2023, rechazando el recurso de la Fiscalía Anticorrupción. La sentencia determinó que no se probaron los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos ni falsedad documental.
Resumen
Estado judicial
Desconocido
Coste
1,12 millones de euros
Implicados
Jorge Rodríguez Gramage
Presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent
Agustina Brines Siserol
Cogerente de Divalterra (Compromís)
José Ramón Tiller
Cogerente de Divalterra (PSPV-PSOE)
Ricard Gallego Perales
Jefe de gabinete de Jorge Rodríguez
Manuel Reguart Serna
Asesor de Jorge Rodríguez
José Luis Vera
Director Jurídico de Divalterra
Pau Pérez Ledo
Director contratado en Divalterra (PSPV)
Josep Lluís Melero Martí
Director contratado en Divalterra (PSPV)
María Soledad Torija Urbano
Directora contratada en Divalterra (Compromís)
Raúl Ibáñez Fos
Director contratado en Divalterra (Compromís)
Manuel Carot Martínez
Director contratado en Divalterra (PSPV)
Miguel Ángel Ferri Llopis
Director contratado en Divalterra (PSPV)
Salvador Femenía Peiró
Director contratado en Divalterra y alcalde de l'Alqueria de la Comtessa (PSPV)
Vicente Lucas Ferrando Zapater
Director contratado en Divalterra en 2018
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Documentos relevantes
Cronología
Noviembre de 2015
Inicio del gobierno del Botànic en la Diputación de Valencia
Jorge Rodríguez (PSPV-PSOE) asume la presidencia de la Diputación de Valencia el 14 de julio de 2015 con el apoyo de Compromís, València en Comú y Esquerra Unida. A partir de noviembre de 2015, los cogerentes de la empresa pública Imelsa (que posteriormente se llamaría Divalterra), Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV), inician la contratación de siete directivos de alta dirección afines a sus formaciones políticas, supuestamente sin los informes jurídicos y de intervención preceptivos.
Julio de 2015
Primer Consejo de Administración de Divalterra (Imelsa)
En el primer Consejo de Administración de Divalterra (todavía llamada Imelsa), el Partido Popular advierte de los problemas legales de contratar directivos sin un proceso de concurrencia pública. A pesar de las advertencias, se continúa con el proceso de contratación de altos cargos sin seguir los procedimientos establecidos.
Septiembre de 2015
Informes alertan sobre irregularidades en las contrataciones
Entre septiembre de 2015 y junio de 2016 se presentan hasta siete informes que alertan sobre las irregularidades en las contrataciones de directivos en Divalterra. El jefe jurídico José Luis Vera ofrece dos opciones: mantener a los siete directivos contratados o rescindir los contratos y convocar concursos públicos. Finalmente, se decide mantener las contrataciones a pesar de las advertencias legales.
Febrero de 2018
Dos directivos de Divalterra alertan a la Fiscalía
Dos directivos de la empresa pública Divalterra proporcionan información a la Fiscalía Anticorrupción sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones de altos cargos realizadas entre 2015 y 2018. Esta información se convierte en el origen de la investigación judicial que conduciría a la apertura del caso Alquería.
Marzo de 2018
Cese de los directivos contratados en Divalterra
Los siete directivos contratados irregularmente en Divalterra son cesados en lo que se presenta oficialmente como una reestructuración de la empresa pública. Este movimiento se produce meses antes de que se haga pública la investigación policial y judicial sobre las contrataciones.
Mayo de 2018
Fiscalía Anticorrupción presenta denuncia formal
La Fiscalía Anticorrupción de Valencia presenta una denuncia formal ante el Juzgado de Instrucción por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en las contrataciones de Divalterra. La denuncia se basa en la información proporcionada por los dos directivos de la empresa en febrero de 2018 y da inicio oficial a la investigación judicial.
Junio de 2018
Operación Alquería: detención de Jorge Rodríguez
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detiene al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y realiza registros en la Diputación, el Ayuntamiento de Ontinyent y la sede de Divalterra. La operación investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por un importe de 1,12 millones de euros relacionados con contrataciones irregulares en la empresa pública entre 2015 y 2018.
Julio de 2018
Jorge Rodríguez dimite como presidente de la Diputación
Jorge Rodríguez presenta su dimisión como presidente de la Diputación de Valencia cinco días después de su detención, aunque anuncia su intención de mantenerse al frente de la alcaldía de Ontinyent, delegando temporalmente las funciones para preparar su defensa. El 12 de julio, el pleno de la Diputación acepta oficialmente su renuncia en una sesión urgente y extraordinaria.
Julio de 2018
Diputación acuerda el cierre de Divalterra
El pleno de la Diputación de Valencia acuerda el cierre ordenado de la empresa pública Divalterra, en medio de la crisis política generada por el caso de corrupción. La decisión busca liquidar la empresa que había sido el centro de las acusaciones de enchufismo y contrataciones irregulares durante el gobierno del Botànic.
Diciembre de 2018
UDEF recaba más documentación sobre el caso
El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia autoriza a los agentes de la UDEF a continuar recabando información que complete la intervenida en las entradas y registros del mes de junio. La investigación se centra en analizar contratos, nóminas y documentación administrativa de Divalterra para acreditar las presuntas irregularidades en las contrataciones.
Febrero de 2021
Juez procesa a Jorge Rodríguez y 14 acusados más
El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia procesa a Jorge Rodríguez y otros 14 investigados, entre ellos altos cargos del PSPV-PSOE y Compromís, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El auto judicial concluye que PSOE y Compromís se repartieron cargos ficticios en Divalterra como parte de un reparto pactado de poder, con un perjuicio económico cifrado en 1,12 millones de euros.
Febrero de 2021
Fiscalía pide 8 años de cárcel para los responsables
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 8 años de prisión para Jorge Rodríguez y los principales responsables del caso (Ricard Gallego, Manuel Reguart, Agustina Brines y José Ramón Tiller), así como 6 años para los siete directivos contratados irregularmente. Las penas incluyen inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 20 años por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Noviembre de 2022
Comienza el juicio del caso Alquería
Arranca el juicio oral del caso Alquería en la Audiencia Provincial de Valencia con 14 acusados. La Fiscalía mantiene su petición de condena por prevaricación, malversación y falsedad documental, mientras que la defensa argumenta que los contratados realizaron trabajo efectivo y que no hubo perjuicio económico para Divalterra. El juicio se centra en determinar si las contrataciones fueron fraudulentas o respondieron a necesidades legítimas de la empresa pública.
Mayo de 2023
Audiencia Provincial absuelve a todos los acusados
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia absuelve a Jorge Rodríguez Gramage y a los otros 13 acusados del caso Alquería. El tribunal concluye que no quedó acreditado que Divalterra resultase perjudicada económicamente por las contrataciones de directivos y que los contratados desempeñaron trabajo efectivo. La sentencia descarta los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental que les atribuía la Fiscalía.
Julio de 2023
Fiscalía recurre la absolución ante el TSJCV
La Fiscalía Anticorrupción presenta recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial. El Ministerio Fiscal solicita que se repita el juicio, argumentando que sí existió perjuicio económico para las arcas públicas y que las contrataciones fueron irregulares al no seguir los procedimientos legales establecidos.
Diciembre de 2023
TSJCV confirma la absolución definitiva
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirma la absolución de Jorge Rodríguez y los otros 13 acusados en el caso Alquería. El TSJCV desestima el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción y ratifica que no se probaron los delitos de prevaricación, malversación ni falsedad documental en las contrataciones de alta dirección en Divalterra entre 2015 y 2018. La decisión puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.