Caso de los Avales - PSOE

El Caso de los Avales es una pieza separada de la macrocausa de los ERE de Andalucía que investiga la concesión irregular de avales y garantías públicas millonarias por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente del Gobierno autonómico del PSOE, a empresas privadas que no cumplían los requisitos legales para recibirlos. Los avales se otorgaron a compañías en situación de quiebra técnica o con dudosa viabilidad económica, sin informes técnicos favorables ni justificación objetiva, como mecanismo encubierto de ayudas a empresas afines al Gobierno socialista andaluz.

La Cámara de Cuentas de Andalucía alertó en su informe de fiscalización de 2012 de graves incumplimientos normativos en la gestión de estos fondos por parte de IDEA. Las entidades financieras ejecutaron avales fallidos por los que la Junta de Andalucía tuvo que responder entre 2010 y 2013 por importe de 82,44 millones de euros, de los que la Administración autonómica únicamente logró recuperar 9,11 millones (un 11 por ciento), con pérdidas reales superiores a 73 millones de euros para las arcas públicas.

La causa judicial se ramificó en diversas piezas separadas que investigan avales concretos concedidos a empresas como Pickman La Cartuja de Sevilla (1,3 millones de euros en 2005), el Grupo TPM -Inversiones Plásticas TPM S.L.- (1,2 millones de euros en 2008, concedidos pese a que la empresa ya estaba en concurso voluntario de acreedores desde enero de 2005), y la empresa Tartessos Car (1,5 millones de euros en avales propios o excepcionales). En todas ellas se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

En septiembre de 2024 la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla anuló parte de la investigación sobre los avales a Tartessos Car por un error procedimental del juzgado instructor: el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla había ordenado prorrogar la investigación en junio de 2017 cuando el plazo legal para hacerlo ya había expirado, invalidando así casi siete años de diligencias policiales, periciales y declaraciones. Este mismo tipo de error judicial afectó a otras piezas de la macrocausa de los ERE.

A comienzos de 2026 el caso sigue activo en su vertiente relativa a los avales a Pickman La Cartuja y al Grupo TPM. El exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el diputado del PSOE andaluz Gaspar Llanes —que fue miembro del consejo de administración de IDEA— y otros dieciocho altos cargos de la Junta socialista han sido citados a declarar como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Las declaraciones se programaron para los meses de febrero, marzo y abril de 2026.