Caso David Sánchez - PSOE
Descripción del caso
El Caso David Sánchez investiga al hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón —conocido artísticamente como David Azagra—, y a otras diez personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por la presunta creación a medida de un puesto público en la Diputación de Badajoz. Según la investigación, en 2017 se diseñó la plaza de "Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música" en el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, ajustada a las "preferencias personales exclusivas" del hermano del entonces secretario general del PSOE, sin que existiera necesidad funcional para crearla y sin observar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Según los cargos, David Sánchez ocupó el puesto entre 2017 y febrero de 2025, percibiendo un total bruto de 340.572 euros. La acusación añade que, desde 2017, el hermano del presidente trasladó su residencia oficial a la localidad portuguesa de Elvas para tributar en Portugal y pagar menos impuestos en España, mientras seguía cobrando del erario extremeño. Documentación posterior demostró que la propia Diputación tenía constancia del cambio de residencia y no actuó en consecuencia. La causa, instruida por la jueza Beatriz Biedma del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, se abrió a partir de una querella de la organización Manos Limpias en abril de 2024, a la que se sumaron Vox y la asociación Hazte Oír / Abogados Cristianos como acusaciones populares.
En septiembre de 2025, la Audiencia Provincial de Badajoz rechazó los recursos presentados por las defensas y avaló la apertura del juicio oral contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve investigados por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La Sección Tercera de la Audiencia ha fijado el juicio oral para celebrarse en seis sesiones repartidas entre el 28 y el 29 de mayo y del 1 al 4 de junio de 2026. Es la primera vez que un familiar directo de un presidente del Gobierno en activo se sienta en el banquillo por delitos de corrupción durante su mandato.