Caso David Sánchez - PSOE

El Caso David Sánchez investiga al hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón —conocido artísticamente como David Azagra—, y a otras diez personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por la presunta creación a medida de un puesto público en la Diputación de Badajoz. Según la investigación, en 2017 se diseñó la plaza de "Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música" en el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, ajustada a las "preferencias personales exclusivas" del hermano del entonces secretario general del PSOE, sin que existiera necesidad funcional para crearla y sin observar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Según los cargos, David Sánchez ocupó el puesto entre 2017 y febrero de 2025, percibiendo un total bruto de 340.572 euros. La acusación añade que, desde 2017, el hermano del presidente trasladó su residencia oficial a la localidad portuguesa de Elvas para tributar en Portugal y pagar menos impuestos en España, mientras seguía cobrando del erario extremeño. Documentación posterior demostró que la propia Diputación tenía constancia del cambio de residencia y no actuó en consecuencia. La causa, instruida por la jueza Beatriz Biedma del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, se abrió a partir de una querella de la organización Manos Limpias en abril de 2024, a la que se sumaron Vox y la asociación Hazte Oír / Abogados Cristianos como acusaciones populares.

El juicio oral se celebró en ocho sesiones entre el 28 de mayo y el 9 de junio de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz, con once acusados y más de 40 testigos, y quedó visto para sentencia ese último día. El 14 de julio de 2026 la Sección Primera condenó por unanimidad a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa por la modificación de su puesto, y absolvió a los once procesados del delito de tráfico de influencias. El expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo fue condenado a 18 años por dos delitos de prevaricación, y los otros nueve acusados a nueve años cada uno. La sentencia, de 377 páginas y sin pena de prisión, no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Es la primera vez que un familiar directo de un presidente del Gobierno en activo resulta condenado por corrupción durante su mandato.