Caso Contenedores - PSOE

El Caso Contenedores destapó un presunto fraude en el municipio de Carboneras (Almería) durante el mandato del alcalde socialista Cristóbal Fernández. Bajo su administración, el Ayuntamiento abonó presuntamente a la empresa Cespa 175.000 euros en concepto de suministro de 153 contenedores de residuos que, según consta en la denuncia municipal, nunca fueron entregados ni suministrados por dicha empresa. La denuncia puso de manifiesto que la competencia para adquirir esos contenedores correspondía al Consorcio de Residuos del Sector II, entidad supramunicipal, y no al propio Ayuntamiento, por lo que la gestión del entonces alcalde habría sido doblemente irregular.

Entre las irregularidades detectadas figuran dos facturas emitidas por Cespa entre noviembre y diciembre de 2009 por un importe total de 175.000 euros sin que constara albarán de entrega ni documento de suministro alguno. El propio documento interno indicaba que la entrega se produciría "durante 2010 a partir de febrero según disponibilidad de fábrica". Además, el Ayuntamiento había recibido previamente en febrero de 2008 una subvención de la Junta de Andalucía por 73.863 euros destinada a financiar parcialmente la compra de los contenedores, solicitada por Fernández pese a carecer de competencia para ello. La denuncia apuntó que Fernández habría ocultado a la Junta esta circunstancia al tramitar la subvención, y que el proceso de contratación carecía de expediente administrativo, contando únicamente con tres ofertas de suministro con asiento de entrada registradas el mismo día, en vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vera (Almería) abrió causa penal y citó a declarar como investigado al exalcalde Cristóbal Fernández por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En mayo de 2019 el Ayuntamiento de Carboneras, bajo la alcaldía de su sobrino José Luis Amérigo, se personó como acusación en la querella. El caso se enmarca en un patrón más amplio de irregularidades administrativas durante el mandato de Fernández, quien en 2022 fue condenado por separado a siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en la adjudicación directa de la obra de alumbrado del Paseo Marítimo por importe de casi 500.000 euros.