Caso CIBIC - PSOE
Descripción del caso
El caso CIBIC tiene su origen en la concesión irregular de una subvención excepcional de 15.511.163,91 euros por parte de la Junta de Andalucía (gobernada por el PSOE) a la Fundación Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano (FIBIC), publicada en el BOJA el 20 de julio de 2012. La subvención estaba destinada a financiar la construcción del Centro de Innovación para el Bienestar Ciudadano (CIBIC) en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Campanillas, Málaga. La FIBIC era una fundación creada en 2007 en la que participaban la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Consejería de Innovación de la Junta, y de cuyo patronato formaba parte el propio secretario general de Universidades, Francisco Triguero, quien instruyó el expediente de la subvención.
Según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga, Francisco Triguero y su colaborador directo Joaquín Torres concibieron y ejecutaron un plan para obtener la financiación necesaria para terminar las obras del edificio CIBIC, ocultando deliberadamente a la Intervención de la Junta información relativa a ayudas previas recibidas por la FIBIC que, de haberse conocido, habrían determinado la denegación de la nueva subvención de 11,5 millones de euros que se solicitaba. Los acusados tramitaron un nuevo expediente de subvención excluyendo cualquier referencia a las subvenciones anteriores, lo que permitió obtener un informe favorable de la Intervención en enero de 2012. En octubre de 2012 la FIBIC fue declarada en concurso voluntario de acreedores, y la cantidad nunca llegó a abonarse íntegramente: solo se acreditaron 2.555.221,95 euros mediante compensación con la deuda que la fundación debía reintegrar.
El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga celebró el juicio oral en diciembre de 2017 y dictó sentencia en mayo de 2018, condenando a Francisco Triguero y a un funcionario de la Secretaría General a un año de prisión y multa por un delito de fraude de subvenciones. El resto de acusados, incluidos el director del PTA Felipe Romera y el exrector de la UNIA Juan Manuel Suárez Japón, fueron absueltos tras la retirada de la acusación por parte del Ministerio Fiscal. El caso refleja las deficiencias de control en la concesión de ayudas públicas durante los años de gobierno socialista en Andalucía y forma parte del amplio mapa de irregularidades en la gestión de fondos públicos andaluces destapado a partir de 2012.