Caso Begoña Gómez - PSOE

El caso Begoña Gómez es una investigación judicial sobre la actividad profesional de Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como codirectora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y en relación con el software desarrollado en el marco de esa cátedra. La causa se abrió en abril de 2024 en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, a cargo del juez Juan Carlos Peinado, a raíz de una denuncia de Manos Limpias (la fecha exacta varía según las fuentes: 6, 8 o 16 de abril de 2024) que después fue respaldada y ampliada con querellas de Hazte Oír y Vox. La denuncia inicial aludía, entre otros extremos, a las cartas de recomendación firmadas por Gómez y al rescate de Air Europa; sin embargo, la instrucción terminó centrándose en la cátedra y en el uso de recursos institucionales, y la Audiencia Provincial de Madrid excluyó el rescate de Air Europa del objeto de la causa (auto de 13 de mayo de 2025), además de dejar sin efecto la imputación del rector de la UCM, Joaquín Goyache, y del directivo Juan José Güemes.

El juez Peinado fue ampliando la imputación a lo largo de la instrucción (corrupción en los negocios, apropiación indebida del software, intrusismo profesional y malversación por la contratación de la asesora Cristina Álvarez). En abril de 2026 cerró la instrucción y procesó a Gómez por cuatro delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida—, descartando el intrusismo, y propuso que la causa se juzgara ante un Tribunal del Jurado. La Fiscalía pidió el archivo de forma reiterada por entender que los hechos no son constitutivos de delito, y la defensa de Gómez negó cualquier aprovechamiento de su posición.

El 16 de julio de 2026 la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, reunida en pleno, avaló en lo sustancial la instrucción y confirmó el juicio con jurado, pero limitó los delitos a tráfico de influencias y malversación: sobreseyó la corrupción en los negocios y recondujo la apropiación indebida del software al ámbito de la malversación. Mantiene el enjuiciamiento de Cristina Álvarez solo por un presunto delito de malversación (como cooperadora necesaria vinculada al software) y aparta del procedimiento del jurado a Juan Carlos Barrabés, cuya investigación sobre las adjudicaciones públicas continúa por separado en un procedimiento abreviado. La Audiencia levantó además las medidas cautelares (retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales). El 21 de septiembre de 2026, días antes de jubilarse, Peinado dictó un nuevo auto de apertura de juicio oral —ya solo por tráfico de influencias y malversación y sin medidas cautelares— y ordenó averiguar la capacidad económica de Gómez. La Fiscalía y las defensas mantienen su petición de absolución; la acusación popular, liderada por Hazte Oír, reclama 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez.

No existe sentencia ni firmeza, y tampoco un coste probado: la UCM ha reclamado 113.509 euros por el software de la cátedra, cifra no confirmada judicialmente. La fecha del juicio con jurado no está fijada. La Audiencia Provincial de Madrid revisó y corrigió varias resoluciones del instructor; el Tribunal Supremo archivó en julio de 2025 la solicitud de Peinado para imputar al ministro Félix Bolaños; y el CGPJ tramitó diligencias informativas contra el juez Peinado.