Caso Begoña Gómez - PSOE
Descripción del caso
El Caso Begoña Gómez es una investigación judicial contra Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por presuntas irregularidades en su actividad profesional como directora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y como responsable del Instituto de Empresa-Africa Center. La causa se inició el 16 de abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la organización ultra Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, y ha sido instruida desde sus comienzos por el juez Juan Carlos Peinado.
La investigación se centra en si Gómez utilizó su posición institucional como esposa del presidente para obtener beneficios para empresas privadas con las que mantenía relación, especialmente Globalia (matriz de Air Europa) y la empresa de software del empresario Juan Carlos Barrabés. Según las pesquisas, Gómez habría firmado cartas de recomendación a empresas que después participaron en procesos de adjudicación pública —entre ellos el rescate de Air Europa por la SEPI durante la pandemia—, y habría utilizado los recursos de la asistente Cristina Álvarez (funcionaria adscrita a la Presidencia del Gobierno) para gestionar asuntos privados de la cátedra. La causa se amplió en octubre de 2024 a los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional, sumando un total de cuatro tipos penales.
El 13 de abril de 2026, casi exactamente dos años después de iniciarse la investigación, el juez Peinado dictó auto de transformación a procedimiento abreviado contra Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La causa avanzará hacia un juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía y la defensa han pedido reiteradamente el archivo a lo largo de toda la instrucción —rechazado siempre por Peinado—, y fuentes jurídicas dan por descontado que el caso terminará en el Tribunal Supremo, que ya ha criticado de manera pública varias decisiones del juez instructor.