Caso Bajo Guadalquivir - PSOE

El Caso Bajo Guadalquivir es un escándalo de corrupción que afectó a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una entidad supramunicipal creada en 1988 que agrupaba once municipios de las provincias de Sevilla y Cádiz. La trama se centra en el fraude masivo de subvenciones públicas destinadas a formación y empleo, que nunca fueron justificadas ni aplicadas a sus fines. La Mancomunidad acumuló una deuda superior a 52,2 millones de euros antes de su disolución definitiva en 2014, dejando a los municipios miembros obligados a asumir una deuda de 42 millones de euros tras el compromiso de la Junta de Andalucía de cubrir el sellado de dos vertederos.

Las investigaciones judiciales revelaron que la Mancomunidad, bajo la presidencia del exalcalde socialista de Los Palacios y Villafranca, Antonio Maestre, recibió numerosas subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros organismos autonómicos para impartir cursos de formación y proyectos de empleo que nunca se ejecutaron. En 2010, solo en un año, el fraude superó los 6 millones de euros en once ayudas investigadas que oscilaban entre 130.000 y 430.000 euros cada una. Una de las subvenciones más destacadas, de 210.393 euros concedida por el SAE (de un total aprobado de 280.526 euros), fue objeto de un procedimiento judicial específico: el dinero no fue aplicado a la formación prometida, no se justificó el gasto y tampoco fue devuelto cuando la Junta de Andalucía lo reclamó.

El caso tuvo un importante impacto político al afectar directamente al círculo cercano de Susana Díaz, entonces presidenta de la Junta de Andalucía, especialmente por la implicación de Antonio Maestre, figura relevante del PSOE sevillano. La Fiscalía y la Junta de Andalucía solicitaron penas de hasta cuatro años de prisión y multas superiores a 600.000 euros para los cinco responsables de la Mancomunidad. El proceso judicial se desarrolla en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Lebrija, donde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha investigado el destino de las ayudas públicas. En 2024, los once municipios afectados continuaban trabajando en la liquidación definitiva de la entidad, diez años después de su disolución.