Caso Bajo Guadalquivir - PSOE

El Caso Bajo Guadalquivir engloba dos tramas de corrupción relacionadas con la gestión socialista en el entorno del río Guadalquivir. La primera afecta a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una entidad supramunicipal creada en 1988 que agrupaba once municipios de las provincias de Sevilla y Cádiz (Utrera, Los Palacios y Villafranca, El Coronil, Los Molares, Las Cabezas de San Juan, El Cuervo de Sevilla, Lebrija, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Rota y Chipiona). Bajo la presidencia del socialista Antonio Maestre, exalcalde de Los Palacios y Villafranca, la Mancomunidad recibió numerosas subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación que nunca se ejecutaron, acumulando una deuda superior a 52,2 millones de euros antes de su disolución definitiva en 2014. Solo en el año 2010 el fraude superó los 6 millones de euros en once subvenciones investigadas. Una subvención del SAE de 210.393 euros (de un total aprobado de 280.526 euros) fue objeto de un procedimiento judicial específico: el dinero no fue aplicado a formación, no fue justificado y no fue devuelto pese a las reclamaciones de la Junta de Andalucía.

La segunda trama, conocida como Caso Marismas, investiga el presunto desvío de 40,1 millones de euros de fondos europeos destinados a la modernización del regadío de las marismas del Guadalquivir, en una superficie de casi 13.000 hectáreas entre los términos de Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios. La denuncia fue presentada en 2012 por la propia Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, y fue respaldada por la Oficina Europea Antifraude (OLAF), que detectó graves irregularidades en la adjudicación de las obras a la UTE Befesa-ALPI (filial de Abengoa): los responsables de la Junta habrían presionado a los regantes para favorecer a esta empresa pese a que otra oferta tenía mejor puntuación y menor precio. Además, se simularon obras para cobrar certificaciones: un mes y diez días después de la firma del contrato se pagaron 4,2 millones de euros a la UTE sin justificación real de avance. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla imputó a 21 personas, incluyendo cinco exaltos cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta, directivos de las empresas adjudicatarias y responsables de la comunidad de regantes.

Ambas tramas evidencian un patrón sistemático de clientelismo y desvío de fondos públicos en la Andalucía gobernada por el PSOE. En el caso de la Mancomunidad, el proceso judicial se tramita en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Lebrija, donde en julio de 2018 se dictó auto de apertura de juicio oral contra cinco acusados, con peticiones de hasta cuatro años de prisión por parte de la Junta de Andalucía. Antonio Maestre, figura del PSOE sevillano del círculo cercano a Susana Díaz, fue también condenado en 2024 a 14 meses de cárcel en una pieza separada del Caso ERE por el desvío de 750.000 euros para un centro ecuestre. El Caso Marismas, por su parte, continúa en fase de instrucción más de una década después de iniciarse, con José Luis Sánchez Teruel, exdiputado del PSOE-A por Almería y exdirector general de la Junta, entre los últimos investigados formalmente citados en 2022.