Caso Aller — subvenciones del polideportivo

Las subvenciones y el resultado del juicio

La sentencia oficial, dictada y publicada el 1 de febrero de 2018, corresponde al juicio oral 169/2017 del Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo, procedente del procedimiento abreviado 415/2014 de Lena. Su copia pública anonimiza a los dos acusados. La identificación nominal de David Moreno y Gabriel Pérez Villalta se contrasta con la crónica del juicio y la noticia de la absolución, que coinciden en órgano, hechos y fecha.

Los convenios de 1996, las subvenciones mensuales y los posteriores reparos municipales forman parte de los hechos probados. La sentencia explica que, durante los primeros años, Intervención informó favorablemente tras la justificación de gastos. A partir de 2005 formuló informes negativos y después reparos de legalidad, levantados por la alcaldía con dación de cuenta al pleno. No cabe tratar todo el periodo como una práctica penalmente ilícita declarada.

La jueza valoró que no existía un criterio técnico pacífico sobre las prórrogas del convenio ni sobre si se trataba de subvenciones o de una contraprestación por servicios. Consideró que no se acreditaron la arbitrariedad penalmente exigida ni la conciencia de actuar injustamente. La distinción entre posibles defectos administrativos y prevaricación fundamenta la absolución; la petición de diez años de inhabilitación de las acusaciones no fue una pena impuesta.

Importes y alcance

Los 593.984,32 euros figuran en los hechos probados como total de subvenciones de 2008 a 2014. No son una indemnización ni una cuantificación de daño. La sentencia no impone responsabilidad civil y declara de oficio las costas. Tampoco se convierte el coste de los servicios o la cifra de ayudas de un periodo parcial en dinero sustraído.

La resolución admitía apelación y las noticias de ese día advertían que no era firme. No se ha contrastado una resolución de recurso ni una declaración posterior de firmeza hasta el corte de octubre de 2026. Se conserva, por ello, el resultado absolutorio documentado sin atribuirle una firmeza no acreditada ni afirmar que la investigación original siga activa. Las actuaciones sobre la residencia de Felechosa y la Operación Hulla son otro procedimiento, aunque aparezcan nombres de responsables municipales comunes.