Caso Aller - PSOE
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Descripción del caso
El Caso Aller es un caso de corrupción administrativa que afectó al concejo asturiano de Aller durante un período de diecisiete años, desde noviembre de 1997 hasta febrero de 2014. El caso implicó a dos alcaldes socialistas consecutivos, Gabriel Pérez Villalta y David Moreno Bobela, quienes fueron imputados por un delito continuado de prevaricación administrativa por conceder subvenciones irregulares a la Asociación para la Enseñanza y Promoción del Deporte sin seguir los procedimientos legales establecidos. Las subvenciones se destinaron al pago de monitores para el funcionamiento del polideportivo municipal de Sotiello.
La investigación, iniciada tras una denuncia del Partido Popular, reveló que durante todo el período investigado los alcaldes emitieron resoluciones mensuales concediendo estas ayudas económicas sin realizar convocatoria pública alguna, vulnerando así los principios fundamentales de publicidad y concurrencia competitiva establecidos en la Ley General de Subvenciones. Según la Fiscalía, el montante económico objeto de investigación ascendió aproximadamente a 180.000 euros solo en el período comprendido entre 2011 y 2014, aunque las irregularidades se extendieron desde 1997. La ausencia de procedimientos de licitación pública supuso un trato de favor directo a una asociación específica durante casi dos décadas.
El caso tuvo importantes repercusiones políticas en el municipio asturiano. En abril de 2017, tras la apertura de juicio oral, David Moreno abandonó el PSOE junto con cinco concejales no adscritos que le prestaron apoyo, permitiéndole mantener la alcaldía a pesar de la petición de dimisión formulada por su propio partido. El juicio oral comenzó el 15 de enero de 2018 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lena, con la Fiscalía solicitando 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público para ambos acusados. El caso representa un ejemplo paradigmático de clientelismo político en la España rural y del uso irregular de fondos municipales para beneficiar a entidades afines sin respetar los principios de transparencia y competencia en la gestión pública.