Caso Aljaraque - PSOE
Descripción del caso
El Caso Aljaraque es un caso de corrupción política que afectó al municipio onubense de Aljaraque en enero de 2017, cuando miembros del PSOE local y provincial supuestamente ofrecieron puestos de trabajo públicos a dos concejales del partido Sí se Puede a cambio de que retiraran su apoyo a una moción de censura promovida por el PP contra la alcaldesa socialista Yolanda Rubio. El caso implicó a figuras destacadas del PSOE de Huelva, incluyendo al presidente de la Diputación Provincial y secretario general del partido, Ignacio Caraballo Romero, quien actuó según las grabaciones con conocimiento de las negociaciones.
El mecanismo del supuesto soborno consistía en ofrecer empleos en organismos públicos controlados por el PSOE: específicamente, se habría ofrecido un puesto de trabajo para la esposa del concejal Francisco Martín Orta en Aguas de Huelva (empresa pública de aguas), y la integración del concejal Pedro Escalante Gilete en el gobierno municipal con percepción de asistencias y comisiones. Estas ofertas quedaron registradas en más de seis horas de grabaciones —tanto conversaciones presenciales como telefónicas— realizadas por el denunciante Manuel Alonso Albarracín, que fueron analizadas durante dos años por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huelva. Los audios filtrados se convirtieron en la prueba fundamental del caso y evidenciaron las maniobras políticas para evitar que prosperara la moción de censura.
Tras un proceso judicial que se prolongó durante casi ocho años, el caso concluyó en octubre de 2024 mediante un acuerdo de conformidad aprobado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva. Tres de los acusados —Pedro Escalante Gilete, Francisco Martín Orta (ambos ex concejales de Sí se Puede) y José Luis Rodríguez Vega (miembro de CCOO que actuó como intermediario)— reconocieron los hechos y aceptaron condenas de un año de prisión suspendida, seis meses de multa a razón de 6 euros diarios, e inhabilitación especial para ejercer el sufragio pasivo durante un año y para ocupar cargos públicos durante dos años y medio. La Fiscalía había retirado previamente los cargos contra Ignacio Caraballo en junio de 2021, quien no llegó a sentarse en el banquillo, aunque el escándalo propició su dimisión como presidente de la Diputación de Huelva en octubre de 2020.
Resumen
Implicados
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