Caso Aljaraque - PSOE

El Caso Aljaraque es un caso de corrupción política que afectó al municipio onubense de Aljaraque en enero de 2017, cuando miembros del PSOE local y provincial supuestamente ofrecieron puestos de trabajo públicos a dos concejales del partido Sí se Puede a cambio de que retiraran su apoyo a una moción de censura promovida por el PP contra la alcaldesa socialista Yolanda Rubio. El caso implicó a figuras destacadas del PSOE de Huelva, incluyendo al presidente de la Diputación Provincial y secretario general del partido, Ignacio Caraballo Romero.

El mecanismo del supuesto soborno consistía en ofrecer empleos en organismos públicos controlados por el PSOE: específicamente, se habría ofrecido un puesto de trabajo para el cónyuge de uno de los concejales en Aguas de Huelva (empresa pública de aguas), y otro puesto en el gobierno municipal para el segundo concejal. Estas ofertas quedaron registradas en más de seis horas de grabaciones —tanto conversaciones presenciales como telefónicas— que fueron analizadas durante dos años por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huelva. Los audios filtrados se convirtieron en la prueba fundamental del caso y evidenciaron las maniobras políticas para evitar que prosperara la moción de censura.

Tras un proceso judicial que se prolongó durante siete años, el caso concluyó en octubre de 2024 mediante un acuerdo de conformidad que evitó la celebración del juicio. Tres de los acusados —Pedro Escalante Gilete, Francisco Martín Orta (ambos concejales de Sí se Puede) y José Luis Rodríguez Vega (miembro de CCOO que actuó como intermediario)— reconocieron los hechos y aceptaron condenas de un año de prisión suspendida, inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas simbólicas. El caso generó un importante impacto político en Huelva y puso de manifiesto las prácticas de clientelismo y compra de voluntades en la política municipal andaluza.