Alhambra/Audioguías - PSOE
Descripción del caso
El caso Alhambra/Audioguías investigó presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de alquiler de audioguías del Patronato de la Alhambra y el Generalife durante el gobierno socialista en la Junta de Andalucía. En octubre de 2007, el Patronato adjudicó el servicio a la empresa GTP Museum Solutions S.L. (posteriormente rebautizada Stendhal Museum Solutions S.L.) en condiciones que la Fiscalía consideró fraudulentas: el canon fijo anual se redujo de 77.000 a 30.000 euros y el canon variable sobre la facturación se recortó del 47% al 15% respecto a las condiciones originales del concurso. La directora general del Patronato, María del Mar Villafranca, ligada al PSOE, dirigió el organismo entre 2004 y 2015, período en el que se desarrollaron las presuntas irregularidades.
La Fiscalía de Granada inició la investigación en 2015 y cifró el perjuicio para las arcas del monumento en 5.415.386,05 euros, derivados de la adjudicación irregular, la falta de control sobre el cumplimiento del contrato y la ausencia de exigencia de los pagos adeudados. La UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Policía Nacional detectó además lo que describió como una "administración paralela" y una "red clientelar" en el Patronato que habría favorecido irregularmente a un reducido número de empresas en más de doscientos contratos. En julio de 2015 el Juzgado de Instrucción nº 4 de Granada admitió la querella de la Fiscalía e inició diligencias por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. La causa llegó a juicio oral en enero de 2023 ante la Audiencia Provincial de Granada con cuatro acusados: la exdirectora Villafranca, la exsecretaria general Victoria Eugenia Chamorro, el exjefe de la Sección Económica José María Visedo y el administrador único de Stendhal Museum Solutions.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada absolvió a todos los acusados en marzo de 2023, al considerar que las irregularidades atribuidas no quedaron acreditadas y que los responsables del Patronato actuaron amparados en informes favorables del servicio jurídico y de la Intervención General de la Junta de Andalucía. La Fiscalía decidió no recurrir la sentencia absolutoria ante el Tribunal Supremo. La Junta de Andalucía, que ejerció la acusación particular, sí anunció recurso de casación. En paralelo, el Tribunal de Cuentas condenó a Villafranca a pagar 404.265 euros por menoscabo en los fondos públicos del Patronato derivados de la gestión irregular de dos contratos, incluyendo 129.018 euros por reconocimiento indebido de deuda a favor de la empresa de audioguías y 275.247 euros por deducciones improcedentes en el canon variable del contrato de tiendas.
Resumen
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