Caso ACM

El original del Supremo identifica las diligencias previas 736/2014 de Alcalá, procedentes de las diligencias de investigación fiscal 25/2013. No se ha obtenido un día exacto de incoación: se retira el 1 de enero de 2001, que confundía la creación de la sociedad con el comienzo de la causa. La nota oficial de 2017 sitúa el origen en una grabación de una reunión del contable con concejales y personas vinculadas al grupo socialista. Según esa nota, el contable desconocía que lo estaban grabando; por ello no se le presenta como denunciante voluntario ni se le atribuye un papel delictivo.

La resolución de abril de 2018 examina una facturación de 976,15 euros relacionada con un viaje familiar. Recoge tanto indicios iniciales de pago a través de ACM como elementos que los cuestionan, incluidas declaraciones sobre pago personal y la ausencia de esos gastos en la contabilidad. Considera que, incluso de haberse acreditado el delito, el plazo aplicable de tres años había transcurrido antes de dirigirse el procedimiento contra el aforado. En cuanto a la prevaricación omisiva, las diligencias practicadas no permitían afirmar una voluntad permanente de impedir el control financiero. El dispositivo acuerda sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de infracción penal. No debe resumirse como una declaración de culpabilidad cuyo único obstáculo fue el tiempo.

La resolución se limita a la causa especial del aforado. Las noticias de 2020 describen archivos posteriores respecto de los exconcejales, aplicando criterios del Supremo; en el caso de Miriam Burgos también recogen un justificante de pago personal del viaje a Puerto Rico. Esos originales no se han recuperado y no se atribuye al archivo de todos ellos la misma causa de prescripción. La noticia de julio de 2020 dice expresamente que otras actuaciones continuaban. La información de septiembre de 2023 sobre la petición fiscal no permite convertirla en un auto de archivo ni afirmar que la investigación continúe actualmente.

No se asigna coste: no se ha acreditado una cuantificación judicial del daño, lo que tampoco prueba la inexistencia de perjuicio. Se retira el medio millón heredado como daño: un déficit de liquidación no equivale por sí solo a dinero malversado. Tampoco se presentan los más de trece millones de transferencias municipales mencionados en la exposición razonada inicial como fondos íntegramente desviados. Se eliminan calificativos acusatorios, la atribución genérica de financiación encubierta al PSOE y la valoración heredada del impacto social como si fueran conclusiones probadas.

Pendientes y alcance (17 de octubre de 2026). Se ha leído íntegramente el auto oficial de 2018, de seis páginas, y comprobado visualmente su parte dispositiva. La identidad del aforado se contrasta con la nota nominal del CGPJ y prensa; no se infiere del seudónimo judicial. Faltan los autos de 2020 y su firmeza, el escrito fiscal de 2023 y una decisión judicial posterior sobre la causa restante. De La Voz de Alcalá solo se ha podido leer la entradilla pública: el resto está bajo suscripción; su editorial tampoco sustituye una resolución. Se excluyen los casos homónimos de la Asociación Catalana de Municipios y otras entidades ACM. No se fija fecha de cierre y la revisión permanece incompleta.