Caso ACM - PSOE

El Caso ACM gira en torno a Alcalá Comunicación Municipal S.A. (ACM), empresa pública participada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por el PSOE durante el periodo investigado. La empresa, creada en 2001 y liquidada en 2013 con un déficit de casi medio millón de euros, recibió más de 13 millones de euros en fondos municipales a lo largo de su existencia. La Guardia Civil calificó la red creada en torno a ACM como "de carácter mafioso" destinada a desviar fondos públicos hacia gastos privados: comidas, viajes, regalos, relojes, cámaras y disposiciones de efectivo en beneficio de directivos y cargos del PSOE local.

El caso salió a la luz en 2014 tras hacerse pública una grabación del entonces contable de la empresa, Javier Luque, en la que describía con detalle las irregularidades que se estaban cometiendo. El contable señalaba que los directivos de ACM, con conocimiento de Antonio Gutiérrez Limones —alcalde de Alcalá de Guadaíra entre 1999 y 2015 y posterior diputado del PSOE en el Congreso— y de parte del equipo de gobierno municipal, usaban dinero público para financiar viajes privados, obsequios y otros gastos personales, manipulando la contabilidad y falsificando facturas. Entre los hechos investigados figuraba un viaje de Gutiérrez Limones, su esposa y sus hijos a Madrid sufragado con fondos de la empresa pública, sin ninguna relación con el objeto social de ACM.

El Tribunal Supremo asumió la competencia del caso en noviembre de 2017, dado que Gutiérrez Limones ostentaba condición de diputado nacional, abriendo causa penal por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Sin embargo, en 2018 el Alto Tribunal archivó las diligencias al considerar que el delito de malversación habría prescrito. De forma paralela, el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra archivó también las diligencias contra siete exconcejales socialistas del Ayuntamiento —entre ellos Rafael Chacón (director general de Movilidad) y Miriam Burgos (directora general de Mayores)— igualmente por prescripción de los hechos. El caso evidenció el uso sistemático de una empresa pública como mecanismo de financiación encubierta de gastos personales y políticos de la cúpula socialista local durante más de una década.