Caso Zamora - PP

El Caso Zamora investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular en la provincia de Zamora mediante un sistema de comisiones sobre la adjudicación de obras públicas. Entre 1987 y 1991, se habría establecido un mecanismo por el cual las empresas constructoras debían pagar un "impuesto" de dos millones de pesetas más una comisión del 8% sobre el importe de cada obra pública adjudicada por la Diputación Provincial de Zamora. El caso salió a la luz en 1997 cuando Antolín Martín, entonces presidente de la Diputación y ex-militante del PP, denunció públicamente estas prácticas irregulares.

La investigación judicial, que fue instruida por el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín bajo la dirección del fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, se centró en examinar la adjudicación de contratos a constructoras como Inzamac, Tecopysa y Cemosa durante el período comprendido entre 1987 y 1995. El constructor Eduardo Corrales también presentó denuncia, acusando que José María Aznar, entonces candidato a la presidencia de Castilla y León, habría recibido tres millones de pesetas de empresas constructoras de Zamora para financiar su campaña electoral de 1987. El caso alcanzó relevancia nacional cuando en abril de 1999 dos parlamentarios del PP, el senador Dionisio García Carnero (presidente provincial del partido) y el diputado José Manuel Peñalosa, renunciaron a sus escaños tras ser citados a declarar como imputados.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de que llegaron a ser imputadas 33 personas, entre políticos del PP y empresarios de la construcción, el caso fue finalmente archivado en 2002 sin que se produjeran condenas. El PP negó sistemáticamente las acusaciones mediante un informe interno que calificó las denuncias como "rotundamente falsas y gravemente calumniosas", atribuyéndolas a conflictos internos del partido relacionados con la expulsión de Antolín Martín. El archivo del caso generó críticas por parte de quienes consideraban que existían indicios suficientes para continuar la investigación sobre la financiación irregular del partido en la provincia zamorana.