Caso Vertedero Molina de Segura - PP
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Descripción del caso
El Caso Vertedero de Molina de Segura investiga una presunta trama de corrupción urbanística que involucra al exalcalde del PP Eduardo Contreras, el promotor local Juan Manuel Alcañiz y el técnico municipal Antonio Cánovas. Los hechos se remontan a 2004, cuando se gestó una permuta de terrenos públicos por privados destinados a la construcción de una escombrera (Proyecto Escombrera Panderón de los Giles) que habría generado plusvalías millonarias de forma irregular. La operación consistió en intercambiar 15.000 metros cuadrados de terreno rústico propiedad de Alcañiz por 50.385 metros cuadrados (que finalmente resultaron ser 80.000) de suelo urbano residencial municipal, valorándose ambas propiedades en 755.775 euros.
La irregularidad principal radica en que el mismo día de la formalización de la permuta en abril de 2006, Alcañiz vendió el terreno municipal recibido a la promotora Fadesa por casi 9 millones de euros, obteniendo una plusvalía superior a los 8 millones de euros en una operación que la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma había advertido que presentaba defectos graves, como no haber acreditado la necesidad de enajenar un bien público destinado a zonas verdes. La investigación judicial, iniciada en 2011 tras una querella de la Asociación en Defensa de los Intereses de los Miembros del Heredamiento de Regantes, imputa a los tres investigados un delito de prevaricación por haber causado un perjuicio al patrimonio público municipal.
El caso ha estado atascado durante más de 13 años en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Molina de Segura sin que se haya dictado siquiera el auto de diligencias previas, lo que lo convierte en uno de los procedimientos judiciales más dilatados de la Región de Murcia. Eduardo Contreras dimitió como alcalde en marzo de 2016 tras casi 21 años en el cargo, semanas después de declarar como investigado, para evitar una moción de censura del PSOE y Ciudadanos. En noviembre de 2017, la jueza Marta Florenciano dictó auto de procedimiento abreviado contra los tres implicados, equivalente al procesamiento. En octubre de 2020, el PP de Molina celebró públicamente la supuesta exculpación de Contreras, aunque el caso sigue oficialmente abierto y sin resolución en 2025, ejemplificando las dilaciones crónicas de la justicia murciana en casos de corrupción.