Caso Vela Mata - PP

El Caso Vela Mata es una investigación judicial sobre presunta prevaricación administrativa en el Ayuntamiento de Torrevieja, iniciada tras la denuncia presentada por vecinos de una urbanización residencial de La Mata y dos agentes de la Policía Local. La denuncia señalaba la supuesta falta de actuación municipal para atajar las molestias causadas por una discoteca situada al sur de la playa de La Mata, a pesar de las reiteradas quejas vecinales sobre ruidos, aglomeraciones y otros problemas de convivencia relacionados con el establecimiento nocturno.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, se centró en determinar si existió una inacción deliberada por parte de las autoridades municipales y funcionarios públicos para frenar la actividad molesta de la discoteca, lo que podría constituir un delito de prevaricación administrativa. Entre los investigados figuraba Eduardo Dolón Sánchez, destacado político del PP que había sido alcalde de Torrevieja y en el momento de los hechos ejercía como portavoz del partido en la Diputación Provincial de Alicante y vicepresidente de la institución provincial. También fueron investigados tres funcionarios municipales: el comisario jefe de la Policía Local de Torrevieja, un exinspector de la Policía Local y un exfuncionario del departamento de actividades del ayuntamiento.

En mayo de 2017, Eduardo Dolón compareció ante el juzgado para declarar como investigado, y su defensa solicitó formalmente el archivo de las actuaciones al considerar que no existían indicios suficientes de responsabilidad penal. La situación judicial se prolongó hasta febrero de 2019, cuando la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja decretó el sobreseimiento provisional del caso. En su resolución judicial, la jueza reconoció que "de las diligencias de investigación se desprende que los hechos pudieran ser constitutivos de delito", pero concluyó que "no existen motivos lógicos para atribuir su perpetración a persona determinada". Esta decisión judicial puso fin al proceso penal sin que se llegara a celebrar juicio oral ni se impusieran condenas a ninguno de los investigados. Mientras tanto, la discoteca causante del conflicto vecinal había sido clausurada definitivamente por orden de la Generalitat Valenciana en 2015, dos años antes de que Dolón declarara como investigado.