Caso Uniformes - PP

El Caso Uniformes de Rota es una trama de corrupción municipal que afectó al ayuntamiento de Rota (Cádiz) entre 2003 y 2012, implicando a políticos del PP, Roteños Unidos y empresarios locales en la adjudicación irregular de contratos de suministro de uniformes y equipamiento para trabajadores municipales. La investigación judicial descubrió que se creó un entramado empresarial compuesto por la cooperativa Coanda Sociedad Cooperativa Andaluza (fundada en 1984), Epis Rotasur S.L. (creada en 1998) y Coanda Costuras S.L.U. (constituida en 2008), diseñado específicamente para eludir las prohibiciones legales de contratación que entraron en vigor en 2008 y conseguir la adjudicación sistemática de contratos menores municipales.

La trama operó mediante la fragmentación artificial de contratos que superaban los umbrales legales para evitar los procesos de licitación pública, otorgando 958 contratos menores por un valor total de 816.267,94 euros a empresas controladas por las mismas familias. El caso se complicó cuando se descubrió que algunos de los acusados, como Ismael Puyana (concejal de Fiestas del PP) y Lorenzo Sánchez (exalcalde de Roteños Unidos), utilizaron a sus esposas como testaferros para crear la empresa Pacheco Puyana el 31 de mayo de 2006, con Sonia Rodríguez (esposa de Puyana) y Rosario Pacheco (esposa de Sánchez) como socias al 50%, ocultando así la participación directa de los políticos en las adjudicaciones que ellos mismos autorizaban desde el consistorio.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Rota finalizó la instrucción en febrero de 2015, enviando a juicio a 21 imputados, incluida la entonces alcaldesa Eva Corrales (PP). El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Cádiz entre el 17 y el 31 de mayo de 2016, con la Fiscalía solicitando penas de hasta 15 años de inhabilitación. Finalmente, el 31 de julio de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz dictó sentencia absolutoria para todos los acusados, considerando que aunque existieron irregularidades administrativas, no se cumplían los requisitos del delito de prevaricación ni de negociaciones prohibidas. Esta sentencia absolutoria contrasta con el caso paralelo de "Horas Extras" en el mismo municipio, donde Eva Corrales y otros implicados sí fueron condenados a penas de prisión.